La pujanza de la corrupción empresarial y financiera, antes, durante y quizá después de la crisis, si es que llega a terminarse puede ser una mala noticia para los ciudadanos y, sin embargo, es una verdadera mina de oro para los grandes bufetes de abogados, hasta el punto de haberse convertido en una de sus principales fuentes de ingresos.
Los últimos tres casos sonados en los que tres grandes multinacionales llegaron a los tribunales entre acusaciones de haber pagado sobornos y otras malas prácticas que involucraron a Avon, Wal-Mart y Weatherford habrían generado unas minutas superiores a los 456 millones de dólares, según una información publicada por la agencia Dow Jones.
Pero esa es sólo una pequeña parte de la factura global que los bufetes cobran por estos trabajos que, en los casos más simples, cuando por ejemplo una empresa se enfrenta a una petición de información del supervisor bursátil que deviene en una investigación de más o menos un año, tiene un coste aproximado de un millón de dólares.
Algunos expertos relacionan el dinero ingresado por los bufetes con las multas finalmente impuestas por las autoridades competentes. Sin embargo, las estimaciones varían y quizá no sean demasiado fiables a causa de la opacidad que suele rodear a las transacciones entre abogados y clientes. Aún así, determinados informes que circulan por Internet cifran en más de 1.500 millones de dólares anuales el volumen de este floreciente negocio.
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