Tras más de dos años en crisis y con un conflicto social en auge, el Gobierno griego ha anunciado una medida para vaciar el país de inmigrantes ilegales, la mayoría de ellos procedentes de Albania. El Gobierno cifra esta presencia en las 130.000 personas; diversas ONGs aumentan el número hasta el medio millón.
El ministro de Sanidad Andreas Loverdos y el ministro de la Protección del Ciudadano (antes de Orden Público) Mijalis Jrisojoídis, anunciaron este domingo la creación de una serie de centros de detención para los inmigrantes que no tengan permiso de residencia. Una vez ahí, estas personas serán deportadas hasta sus países de origen. El primero de dichos centros (con capacidad para mil personas) entrará en funcionamiento antes de las elecciones, que tendrán lugar este mes de abril.
El político, anunció también la inauguración de una línea telefónica para los ciudadanos en la que se podrá denunciar dónde se encuentran las estancias donde viven los inmigrantes en lamentables condiciones de salud. Se sabe que hay edificios en los que llegan a vivir mas de treinta personas en habitaciones destinadas para cuatro y sin suficientes instalaciones sanitarias.
Además, a partir de ahora existirán sanciones penales para quienes alquilen estas estancias a los inmigrantes ilegales, así como para quienes les ofrezcan empleo (especialmente en lugares relacionados con la salud pública). Las nuevas ordenanzas ministeriales permitirán tres meses para poner en aplicación estas sanciones, por lo que a partir del 1 de julio todos los inmigrantes deberán tener un certificado sanitario.
Las dificultades a las que se enfrenta Grecia son evidentes. Tras haber recibido ya dos rescates financieros internacionales, el primer ministro heleno, Lucas Papademos, advirtió el pasado viernes de que igual era necesario un tercer paquete de ayudas. A cambio del apoyo económico, el país mediterráneo se ha visto obligado a imponer recortes sociales drásticos.
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