La oposición francesa ha acusado al presidente del país, Nicolas Sarkozy, de ordenar a su ministra de Finanzas, Christine Lagarde, realizar un supuesto abuso de autoridad para resolver una disputa legal entre el Estado francés y un rico empresario a favor de este último. Un hecho por el que la Justicia ya investiga a Lagarde. Según la investigación, la ministra podría haber hecho valer su posición en beneficio de un controvertido multimillonario, Bernard Tapie, al que Francia terminó pagando 385 millones de euros.
El fiscal principal de la Corte de Casación (equivalente en cierto modo al fiscal general del Estado en España), Jean-Louis Nadal, solicitó a la Corte de Justicia de la República que investigue a la ministra porque en 2007 Lagarde decidió que, en el litigio entre el Estado (en nombre del ya desaparecido banco público Credit Lyonaiss) y Tapie, se abandonaría la vía de los tribunales ordinarios y se pasaría a un tribunal de arbitraje. Es decir que confió el caso a tres jueces arbitrales de tipo consular, con los que era posible una conciliación.
Un año después, en julio de 2008, se alcanzó la mencionada conciliación, según la cual el consorcio estatal que gestiona el pasivo del desaparecido banco público tuvo que pagar a Tapie 240 millones de euros de indemnización, unos 100 millones de intereses y 45 millones de euros por perjuicio moral. Unos 200 de esos millones salieron directamente de las arcas del Estado.
El escándalo tras conocerse esta decisión ha sido mayúsculo y Lagarde, que es una de las figuras más estables del débil Ejecutivo que lidera el presidente Nicolas Sarkozy, se ha visto claramente afectada. La ministra ha tratado de defenderse asegurando que buena parte de la indemnización a Tapie -que ya ha tenido otros problemas con la Justicia- habría sido utilizada para pagar las deudas que éste tenía con el Estado.
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