‘Los Moyano’, líderes del principal sindicato opositor a Cristina F. de Kirchner, no paran. Ahora le han declarado la guerra a la presidenta en el sector petrolero, tal ha sido su empuje, que han sido capaces de movilizar a dirigentes de YPF en este embrollo.
Los trabajadores petroleros de tres provincias argentinas, que concentran un tercio de la producción de crudo del país, han iniciado una huelga este jueves y que durará hasta las ocho de esta tarde para reclamar mejoras salariales.
El número dos de Hugo Moyano en la Confederación General de Trabajadores (CGT), Guillermo Pereyra, es también líder del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa e integrante del Consejo de YPF y ha sido de los primeros en apoyar la movilización de los trabajadores del sector.
Da la sensación que los paros se han convertido en el arma arrojadiza en las luchas sociales, pues el pasado 20 de noviembre, la CGT convocó una huelga general en la que paralizaron Argentina y derrotaron a la presidenta, que se defendió acusando a los gremialistas de violentos.
Cuando Néstor Kirchner estaba en el poder, Hugo Moyano (el máximo dirigente sindical) era su sindicalista de cabecera, pero las cosas han cambiado mucho y también en el sector petrolero. Ahora manda su hijo Máximo, el gestor de la fortuna familiar y no está dispuesto a repartir su pastel, ni con Moyano ni con Repsol. Aunque si con Axel Kicillof.
Mucho se ha hablado del viceministro de Economía, el delfín de Cristina F. de Kirchner, el autor intelectual de la expropiación de la petrolera, y quien se ha hecho responsable, desde ahora, de los “aspectos técnicos y financieros de la gestión de la nacionalizada YPF”.
La empresa española tuvo que ver como la presidenta decidía que la filial argentina de Repsol, YPF, poseía utilidad pública y la expropió. Ya han pasado unos meses desde entonces y la petrolera española insiste en que aún espera “alcanzar un acuerdo”.
Aunque no es lo único que ha hecho Repsol para dejar claro a Argentina que no ha tirado la toalla. Cuando el país latinoamericano expropió YPF, Repsol anunció que demandaría a cualquier petrolera que cerrara acuerdos con ella y ya ha dado los primeros pasos en este sentido. Chevron ha querido firmar una colaboración y Repsol se ha mostrado implacable y ha presentado la querella prometida.
En cualquier caso, estos no son los únicos problemas a los que se enfrenta Cristina Fernández. Pues el juez federal estadounidense, Thomas Griesa ha obligado al Gobierno argentino a pagar 1.300 millones de dólares (unos 1.015 millones de euros) al lobby agroalimentario del país norteamericano que no aceptó el canje de la deuda y que posiblemente no la acepte, pues desea tener a la presidenta contra las cuerdas el mayor tiempo posible.
Es lógico, más si se tiene en cuenta que las relaciones entre los exportadores estadounidenses y Argentina no son lo que se dice, “fluídas”.
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