El Parlamento Europeo aprueba una resolución por la que los afectados puedan acceder al fondo especial alemán de compensación. El Parlamento Europeo aprueba una resolución donde insta al Gobierno español a revisar el proceso que inició en 2010 y a facilitar la identificación y compensación de los supervivientes españoles de la talidomida.
En una decisión aprobada a mano alzada, el Europarlamento considera que la UE y los Estados miembros deben coordinarse para reconocer y garantizar esas compensaciones a los afectados. Y eso, por supuesto, incumbe a España, que hace más de cincuenta años vio cómo el medicamento de fabricación alemana contra las náuseas en el embarazo generó miles de malformaciones en los fetos.
La resolución, aprobada por mayoría, subraya además que el Gobierno federal alemán debe permitir a todos los supervivientes afectados acceder al fondo especial creado en el país, dada su responsabilidad particular en la tragedia. Pide, en este sentido, que las víctimas reconocidas de la talidomida de España, Reino Unido, Italia, Suecia y otros países de la UE, sean admitidas en el citado régimen de forma colectiva.
Por otro lado, los eurodiputados señalan también a Grünenthal, la compañía fabricante del medicamento. “La compañía debe asumir sus responsabilidades compensando y atendiendo debidamente a las víctimas, revisando el procedimiento de reconocimiento de la condición de víctima, e iniciando un diálogo con las víctimas para remediar el daño causado”, relata el documento acordado.
La Cámara hace hincapié en que, según investigaciones independientes, en 1970, el gobierno alemán interfirió en el proceso penal contra Chemie Grünenthal y, como resultado, no se pudo determinar su culpabilidad. Agrega que incluso se tomaron medidas para frenar demandas civiles contra la empresa.
Eurodiputados españoles
El eurodiputado del Partido Popular, Esteban González Pons, se ha mostrado avergonzado, dice, de que España sea “el único país que aún no ha reconocido a sus víctimas” y subrayó que el pleno no reclama fondos adicionales, sólo menos burocracia para que los afectados puedan acceder a las ayudas.
Por su parte, la europarlamentaria de Izquierda Unida, Ángela vallina, ha asegurado que las víctimas deben ser reconocidas independientemente de su país de origen y que la obligación de los gobiernos “no es tapar las vergüenzas de las empresas privadas sino velar por que paguen las consecuencias de lo que han hecho”.
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