Los eurodiputados exigen a la Defensora del Pueblo que investigue a la Comisión Europea por cómo trató el escándalo y que revise el Código de Conducta. El fichaje de José Manuel Durao Barroso por Goldman Sachs sigue dando coletazos en las instituciones europeas. Después de que la Comisión Europea sentenciase que el portugués no incurrió en ninguna irregularidad de compatibilidades, el Parlamento Europeo ha reclamado este jueves a la Defensora del Pueblo de la Unión Europeo, Emily O’Reilly, que investigue cómo trató Bruselas el escándalo de la contratación.
De hecho, el pleno de la Eurocámara se ha mostrado “profundamente preocupado” por la relación del expresidente con la entidad bancaria. Un fichaje que, a pesar de ser compatible con su pasado al frente de la Comisión Europea, encuentra otra visión para los eurodiputados por lo que han instado a O’Reilly a que utilice sus herramientas para que se revise el Código de Conducta del Ejecutivo comunitario.
Pero los ‘deberes’ para la Defensora del Pueblo de la Unión Europea no se han quedado ahí. Los eurodiputados han exigido a la representante que continúe examinando la situación, investigue las puertas giratorias que benefician a los excomisarios y presente “recomendaciones” para reforzar el Código de Conducta.
En una propuesta aprobada con 557 votos a favor, 24 en contra y 44 abstenciones, el Parlamento Europeo también ha reivindicado a Bruselas una serie de políticas que vayan en aras de fortalecer la transparencia. Los políticos europeos han apuntado la necesidad de que la Comisión Europea publique con mayor frecuencia los nombres y otros datos relevantes de los antiguos comisarios que se benefician de las puertas giratorias.
Un escenario y descontento que no ha pasado desapercibido para la institución que dirige Jean-Claude Juncker que ha propuesta esta semana ampliar de 18 a 24 meses el tiempo en que un comisario debería pasar “en la nevera” antes de incorporarse a un nuevo puesto de trabajo que pudiera plantear incompatibilidades con sus tareas previas en Bruselas. Para evitar futuros casos como el de Barroso, el plazo se elevaría a tres años para aquellos expresidentes del Ejecutivo comunitario.
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