La Comisión Europea sopesa repetir la fórmula con la que ya ayudó a Italia en 2009 al no computar para el déficit los gastos de reconstrucción tras terremotos. Italia podría verse aliviada del yugo del cumplimiento del déficit al cierre de este año. Una medida de gracia que ya se estaría barajando en Bruselas en consideración con el gasto extraordinario que el país transalpino tendrá que afrontar para reponerse del efecto de los múltiples terremotos que han sacudido su geografía.
La opción que se estaría barajando ya en el seno de la Comisión Europea pasaría por no contabilizar el gasto público destinado a la reconstrucción de las áreas afectadas para el cálculo del déficit italiano. Sin embargo, la medida no sería automática, sino que Roma tendría que justificar convenientemente la naturaleza y el destino de estas expensas.
En este sentido, la portavoz comunitaria en Asuntos Económicos, Annika Breidthardt, ha reiterado que cuando se justifica que un gasto se ha producido para hacer frente a daños naturales, estos puedes ser clasificados como “no recurrentes” y por tanto excluirse del cálculo de salud financiero estructural.
De todos modos, la representante de la Comisión Europea ya ha adelantado que no se tomará ninguna decisión por adelantado de cara al presupuesto italiano del próximo año. Sí ha señalado que esta circunstancia ya ha sido empleada en al menos una ocasión anterior por el país, cuando en 2009 se produjo el terremoto de L’Aquila, en la región de los Abruzos, tiempo en el que Silvio Berlusconi ocupaba el puesto de primer ministro.
La reacción de Bruselas ha llegado después de que el actual ocupante de este cargo, Matteo Renzi, haya declarado públicamente que su Gobierno está dispuesto a aumentar el endeudamiento nacional si es preciso para prestar ayuda a las comunidades afectadas por la reciente cadencia de terremotos que atraviesa el país, especialmente en las regiones centrales. Unas palabras que llegan después de que el pasado septiembre ya anunció que el déficit público alcanzaría al 2,3% del PIB frente al compromiso del 1,8% comprometido ante sus socios comunitarios, lo que llevó a las autoridades de la Unión a pedir explicaciones al país transalpino.
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