El Gobierno francés se lamenta de que sus bancos se verán más afectados que el resto por contar con un sector más consolidado. Francia prepara una ofensiva contra la nueva regulación europea que persigue que los contribuyentes no acaben pagando los rescates de los grandes bancos sistémicos. Según publica el diario Financial Times, París teme que las entidades francesas se vean especialmente señaladas por esta regulación.
La Comisión Europea, que podría publicar sus propuestas en las próximas semanas, quiere evitar que los bancos sean demasiado grandes para caer (too big to fail) forzándoles a emitir deuda o pasivo con capacidad de absorción de pérdidas (TLAC) de la que puedan tirar si se encuentran en apuros. La norma podría obligar a los bancos a emitir miles de millones de euros en los nuevos títulos para cumplir con ella.
Tal y como estaría redactada, la normativa cubriría a un total de 13 entidades de la Unión Europea, incluyendo las francesas BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole y Groupe BPCE, además de la alemana Deutsche Bank, la italiana Unicredit o la española Banco Santander, entre otras.
La lógica detrás de esta norma es que los bancos estén mejor cubiertos si se encuentran en apuros, aunque al mismo tiempo deberán afrontar unos mayores costes, ya que los inversores exigirán unos rendimientos muy atractivos para invertir en estos productos.
El principal debate se centra en el alcance de la norma, ante las quejas de Francia de que su sector financiero se encuentra especialmente señalado por la simple razón de que se encuentra más consolidado que el de resto de países. Los planes necesitan la aprobación del Parlamento Europeo y del Consejo (que representa a los Gobiernos nacionales), antes de convertirse en ley.
La propia Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (SRB por sus siglas en inglés), también ha sugerido que una gama más amplia de bancos debería verse cubierta por esta norma, para que el TLAC acabe aplicándose a “los bancos más importantes”.
El TLAC es una regla fija: en enero de 2022, los bancos deben tener deuda subordinada y otros valores elegibles equivalentes a un 6,75% de sus activos totales y un 18% de sus activos ponderados por riesgo. La regla comienza a aplicarse a partir de 2019.
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