La Comisión Europea cancela la sanción a España y Portugal a pesar de haber incumplido los objetivos del déficit. España se ha librado al final de la multa de Bruselas por no tomar medidas para reducir el déficit público. Así lo ha decidido la Comisión Europea, que ha cancelado la sanción a pesar de que tanto España como Portugal han incumplido los objetivos de déficit. Ambos países se enfrentaban a una multa de hasta el 0,2% del PIB. Es decir, unos 2.200 millones en el caso español.
Precisamente, la Comisión presentó el lunes tres opciones. Por un lado, la cancelación del procedimiento de infracción, posibilidad por la que apostaba el comisario Pierre Moscovici; por otro, imponer la mencionada sanción; y, en tercer lugar, una multa de 1.100 millones propuesta por el vicepresidente Valdis Dombrovskis.
“Teniendo en cuenta la situación económica y fiscal, la Comisión recomienda que Portugal pone fin a su déficit excesivo en 2016 y que España lo hace en 2018”, señala la Comisión en un comunicado en el que defiende que esta decisión “está en consonancia con los compromisos de los dos Estados miembros ya han anunciado”.
No obstante la retirada de la multa no saldrá ‘gratis’ a España, ya que Bruselas establece unas nuevas metas fiscales muy duras tanto para nuestro país como para Portugal. En el caso español, la nueva senda de recorte del déficit contempla una reducción hasta el 4,6% del PIB este año, frente al 5,2% que cerró en 2015, aunque los verdaderos sacrificios se exigen para 2017.
Ese año el déficit público deberá bajar hasta el 3,1%, lo que implicará un ajuste adicional de unos 15.000 millones de euros en un solo ejercicio. Para 2018, el déficit deberá situarse en el 2,2%, ya por debajo del 3% que establece el pacto de estabilidad. Asimismo, Bruselas estrechará la vigilancia sobre las cuentas públicas, con informes trimestrales.
Respecto al ajuste estructural, el Ejecutivo comunitario exige a España un ajuste del 0,5% en 2017 y un 0,5% en 2018, es decir, un ajuste estructural de unos 10.000 millones de euros. La fecha límite para que España adopte medidas al respecto será el 15 de octubre de 2016.
La propuesta de Bruselas de cancelar la multa a España quedará automáticamente aprobada salvo que una mayoría cualificada de países rechace la recomendación de la Comisión en un plazo de diez días.
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