Desde el fallido golpe el Consejo Superior de Jueces y Fiscales turco ha suspendido de sus funciones a 2.745 jueces. Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) entregarán este martes 26 a las 11 de la mañana en la Embajada de la República de Turquía una carta dirigida al embajador en España, Ömer Önhon, donde le mostrarán su preocupación por los acontecimientos sucedidos en los últimos días en el país euroasiático.
Tanto JpD como la UPF consideran que la masiva suspensión de funciones y detención de jueces y fiscales ha sido arbitraria y no ha preservado los derechos fundamentales de los afectados. “La rapidez con la que se ha llevado a cabo la suspensión de funciones y detención de jueces/zas y fiscales hace sospechar seriamente en la premeditación y arbitrariedad de esas medidas”, denuncian ambas organizaciones.
En la carta remitida al Embajador de la República de Turquía, le piden que interceda ante el gobierno de Recep Tayyip Erdogan para la liberación inmediata de todos los jueces y fiscales detenidos, así como el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas que garantizan el respeto por la independencia judicial, la separación de poderes y el estado de derecho.
Sin embargo, el Ejecutivo turco ha anunciado que, basándose en el artículo 15, derogará temporalmente el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ese artículo solo cabe “en tiempos de guerra u otra emergencia pública que amenace la vida de la Nación”, siendo ésta una referencia indudablemente ambigua.
Jueces para la Democracia, como miembro de MEDEL (Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades) asegura que ya habían informado a las autoridades de la Unión Europea de los repetidos ataques a la independencia judicial en Turquía
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