Si las instituciones europeas no permiten la inyección de dinero público a los bancos, serían los bonistas quienes asumirían la recapitalización. El líder del Movimiento Cinco Estrellas en el Parlamento italiano, Luigi Di Maio, ha pedido a Bruselas que permita el uso de dinero público para rescatar a los bancos del país transalpino y evitar que sean los inversores privados los que tengan que asumir el impacto de los problemas que atraviesan las entidades.
Uno de los principales rivales de Matteo Renzi se posiciona así en línea con el primer ministro italiano en su llamamiento a los organismos europeos para que den luz verde a la inyección de dinero público para evitar el colapso del sistema financiero. Las normas comunitarias aprobadas en 2013 impiden a los Estados cargar a los contribuyentes con los rescates a las entidades, unas reglas que cuentan con pocas excepciones. De esta forma, si un banco tiene dificultades, son los accionistas y bonistas los que tienen que hacerles frente.
El problema con el caso italiano es que la mitad de los 60.000 millones de euros de deuda subordinada y un tercio de los 600.000 millones de deuda sénior bancaria italiana están en manos de pequeños inversores, pues allí habitualmente los ciudadanos, en lugar de poner su dinero en depósitos a plazo fijo, invierten en bonos de los bancos. Es decir, que son una multitud de familias que han confiado sus ahorros las que tendrían que asumir la recapitalización de las entidades y perder su dinero.
“Los ciudadanos estarían pagando por los errores que no han cometido”, ha asegurado Di Maio, según recoge Financial Times, respecto a cualquier golpe a los inversores privados, en particular los depositantes y titulares de deuda subordinada.
Para el líder del Movimiento Cinco Estrellas en el Parlamento, la mejor solución es una nacionalización completa de Monte dei Paschi di Siena -el banco más antiguo del mundo y la tercera mayor entidad de Italia, uno de los que se encuentran en peor situación-, asó como de otros bancos rescatados con dinero público. Esta opción, sin embargo, esto podría desencadenar una multa de Bruselas, al violar las normas europeas.
En este sentido, Di Maio ha insistido en que mantener a las entidades sometidas a una intervención pública como bancos privados “sería repetir los errores del pasado”, refiriéndose a los 4.000 millones de euros de las arcas del Estado italiano que ya se prestaron a Monte dei Paschi en 2012.
El Gobierno de Matteo Renzi quiere inyectar cerca de 40.000 millones de euros en los bancos perjudicados, por lo que mantiene intensas negociaciones con las instituciones europeas para buscar una opción que encaje en las restrictivas excepciones a la regla de ayudas públicas. Su mayor problema es la oposición de Berlín, que aboga por la ortodoxia reglamentaria.
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