Tanto el Gobierno de Tsipras como las organizaciones humanitarias se han cuestionado las últimas decisiones tomadas por la OTAN y la Unión Europea. El descontento se ha instalado en Grecia. La inacción de las instituciones europeas e internacionales en la crisis de los refugiados en gran parte del conflicto ha encendido numerosas señales de protesta, pero las últimas decisiones tomadas han provocado una nueva gota en un vaso a punto de rebasar.
La OTAN fue una de las primeras avanzadillas que mandó la comunidad internacional para frenar, o por lo menos minimizar, la crisis migratoria y, tras más de un mes de acción sobre el mar Egeo, los resultados no han sido los esperados. Y así se lo ha hecho saber el Gobierno de Alexis Tsipras, que ya ha mostrado su malestar por la misión que ha iniciado la organización que dirige el secretario general Jens Stoltenberg.
“No han tenido ningún efecto sustancial en el flujo de migrantes y refugiados de Turquía”, han precisado las fuentes cercanas al primer ministro griego consultadas por el diario heleno Ekathimerini sobre las posiciones de la OTAN en el Egeo. Un hecho que ha llevado al líder de Syriza a ponerse en contacto con Stoltenberg para transmitirle ese reproche. La paciencia ha sido la respuesta que ha encontrado Tsipras: aún es pronto para sacar conclusiones del trabajo, le ha espetado el secretario general.
Si el patrullaje de los barcos de la OTAN fue un paso primerizo que hicieron las instituciones internacionales y que ya ha prendido la llama de las protestas (de hecho el sindicato griego PAME ya ha exigido la salida del organismo de las aguas helenas), el ineficaz acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía ha culminado el incendio que han levantado las ONG’s.
ACNUR, agencia perteneciente a la ONU, rápidamente se ha negado a tener nada que ver en la detención de los refugiados. “Están en situación de detención y nosotros no vamos a proveer servicios dentro de un centro así, sería completamente contrario a nuestro mandato”, ha asegurado, al poco de conocer la decisión de la UE, el asistente de la asociación en Grecia, Giovanni Lepri.
A los pocos días de la retirada de ACNUR (aunque tomarán una posición vigilante de lo que realice la UE con los refugiados), Médicos Sin Fronteras, entidad fundamental en minimizar la crisis humanitaria, ha seguido los mismos pasos que sus compañeros de rescate: no quieren ser “cómplices” del acuerdo que “convierte los centros de recepción en centros de expulsión”, como han afirmado, y por ello ha ordenado a sus efectivos cesar todas las actividades relacionadas con el centro de Moria.
Pero estas dos importantes asociaciones no han sido las únicas que han dado la espalda al acuerdo aprobado por los líderes europeos. Todas ellas tienen algo claro: no quieren formar parte de lo que, a su entender, es un ataque a los derechos humanos. El Comité Internacional para Refugiados (IRC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Noruego para Refugiados han sido los últimos en decir basta a mantenerse presentes en unos campos convertidos en centros de expulsión.
“El IRC alertó a los guardacostas (griegos) el lunes que no transportará a las personas más vulnerables del mundo a un lugar donde su libertad de movimiento es impedida”, ha aseverado la portavoz regional de la asociación, Lucy Carrigan. Un mensaje que ha compartido la organización noruega que ha anunciado este miércoles que pondrá punto y final a la mayor parte de sus actividades en la isla griega de Chios.
De esta manera, las ONG’s, por un lado, y el Gobierno de Tsipras, por otro, han transmitido su descontento ante las decisiones que se toman a cientos de kilómetros del epicentro de la malaventura que han vivido cientos de miles de personas que huían de la guerra. Unas iniciativas que no encuentran respuestas a los problemas que sufren los refugiados, tal y como han hecho saber los diversos mensajes críticos.
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