“Berta ha sido asesinada por un Estado que resguarda los intereses del capital local, de las empresas trasnacionales que han querido adueñarse de los territorios y de los bienes comunes”, han asegurado desde la ONG. Ecologistas en Acción ha lanzado una dura denuncia contra el Gobierno de Honduras por el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres, activista social y ambiental tanto en su región como a nivel internacional. La ONG ha criticado que el Ejecutivo Hondureño tenía la obligación de dar una protección especial a Cáceres y a pesar de ello ha sido asesinada este jueves mientras dormía.
“Berta Cáceres (…) tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que debía gozar de protección especial por parte del gobierno hondureño. Empero, Berta ha sido asesinada por un Estado que resguarda los intereses del capital local, de las empresas trasnacionales que han querido adueñarse de los territorios y de los bienes comunes”, ha sentenciado Ecologistas en Acción a través de un comunicado.
Esta activista es reconocida especialmente por su labor de resistencia contra megaproyectos mineros e hidroeléctricos y también por su liderazgo en el movimiento campesino e indígena de Honduras. “Además de identificar con toda claridad a los tratados de libre comercio como parte de un mismo engranaje que asegura la impunidad de las empresas transnacionales, Berta luchó por la salud, por la tierra y contra el patriarcado y la violencia”, ha explicado la ONG.
Según un informe elaborado por la ONG inglesa Global Witness, Honduras es el país con el índice más alto de violencia de los 17 países analizados, con 111 activistas ambientales asesinados entre 2002 y 2014. Esto demuestra “la arquitectura de la violencia y impunidad de la megaminería y el negocio hidroeléctrico, entre otros, a favor del capital privado y de los gobiernos cómplices”, han explicado.
Por ello, desde Ecologistas en Acción han exigido al Gobierno de Honduras que ponga fin a la impunidad y que se investigue el asesinato de Berta Cáceres, se suspendan todos los proyectos denunciados por los defensores de derechos humanos, se retiren las empresas e instituciones constructoras o financiadoras de proyectos donde se denuncian violaciones de los derechos humanos y se ponga fin a la persecución ideológica en el país.
“Además, llamamos a la movilización ciudadana y la denuncia inmediata ante las embajadas y consulados de Honduras en el mundo, para demostrar nuestra repulsa ante este crimen y nuestra exigencia de justicia”, han concluido.
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