Amnistía Internacional alerta de que «más de 70 años de duro esfuerzo y avances en materia de derechos humanos están en la cuerda floja». España figura entre esos 30 estados. En al menos 113 países se restringió arbitrariamente la libertad de expresión y de prensa. Al menos 156 defensores y defensoras de los derechos humanos murieron en detención o fueron víctimas de homicidio. Los grupos armados cometieron abusos contra los derechos humanos en al menos 36 países. En otros 61 estados se encarceló a presos y presas de conciencia, personas que no hacían más que ejercer sus derechos y libertades. Más de 60 millones de personas desplazadas de sus hogares en todo el mundo, muchas de ellas llevaban varios años en esa situación.
Números que representan a los miles de rostros que han sufrido abusos contra los derechos humanos en 2015, según datos del informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los DDHH en el mundo tras analizar a 160 países de todo el globo. “Muchos gobiernos han infringido abiertamente el derecho internacional y están debilitando intencionadamente las instituciones destinadas a proteger los derechos de las personas”, alerta el documento.
Salil Shetty, secretario general la ONG, teme que estemos asistiendo al derrumbe de las instituciones que la comunidad internacional creó para proteger a los más débiles de la privación de sus derechos básicos: “Millones de personas sufren terriblemente a manos de Estados y grupos armados mientras los gobiernos califican sin ningún pudor la protección de los derechos humanos como una amenaza para la seguridad, el orden público o los ‘valores’ nacionales”, denuncia. “Más de 70 años de duro esfuerzo y avances en materia de derechos humanos están en la cuerda floja”, sostiene.
Amnistía Internacional ha documentado el número de gobiernos que en 2015 han infringido descaradamente el derecho internacional en su ámbito nacional: más de 122 Estados ejercieron la tortura u otros malos tratos y 30 o más obligaron ilegalmente a personas refugiadas a retornar a países donde corrían peligro. Según el informe, al menos cinco de esos países que forzaron a migrantes a regresar de donde huían pertenecen a la UE: España, Bulgaria, Hungría, Grecia y Holanda.
En al menos 19 países, el gobierno o grupos armados cometieron crímenes u otras violaciones de las “leyes de la guerra”. Y el 55 % de los países hubo juicios injustos. “En un juicio injusto no se imparte justicia ni a la persona acusada, ni a la víctima del delito, ni a la sociedad”, recuerda AI.
Aunque siguió habiendo avances en algunas zonas, el informe destaca graves violaciones de los derechos humanos en Angola, Arabia Saudí, Burundi, China, Egipto, o Rusia, entre muchos otros.
España no es una excepción
España participa también en esta tendencia de recorte de libertades y derechos, según la ONG, en un año en que se ha aprobado la llamada ‘Ley Mordaza’: “Con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la reforma del Código Penal, el pasado mes de julio se limitó el ejercicio legítimo de la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica”. El informe denuncia límites adicionales sobre dónde y cuándo deben celebrarse manifestaciones, y que se hayan otorgado amplias competencias a las fuerzas de seguridad que podrían multar con hasta 30.000 euros a personas que muestren «falta de respeto» o que graben imágenes de agentes de policía en determinadas circunstancias.
Durante 2015, se reformó el Código Penal en materia antiterrorista. “La definición de terrorismo es tan vaga, que hasta el Relator Especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión, alertaba de que estas modificaciones podían penalizar comportamientos que hasta entonces no constituían delitos de terrorismo y restringir desproporcionadamente el legítimo derecho de la libertad de expresión”.
Y la polémica de los titiriteros en Madrid constituye un precedente para Amnistía Internacional: “Lo que ha pasado con los titiriteros detenidos en Madrid el pasado 6 de febrero, acusados de enaltecimiento del terrorismo por el contenido de su espectáculo, es un ejemplo de cómo la amplia definición de terrorismo puede suponer un límite desproporcionado al derecho a la libertad de expresión”, destacó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, durante la presentación del informe.
El documento también destaca que España ha tenido una política de doble rasero a nivel internacional: “Ha dado pasos positivos pidiendo que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se autolimiten en el uso del veto, participando en la adopción de resoluciones del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad, o demandando un mayor seguimiento e implementación de las recomendaciones de derechos humanos de los mecanismos de Naciones Unidas”, expone.
Pero por otra parte, recuerda que el Gobierno ha hecho reformas legislativas contrarias al derecho internacional y “ha desoído las diferentes recomendaciones que organismos como Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, entre otros, han hecho a España en diferentes ámbitos”. Y subraya que el Estado se ha defendido bajo la premisa de que no existen mecanismos procesales que obliguen a dar cumplimiento a dichas decisiones.
Sin olvidar uno de los puntos negros en los derechos humanos en España: el trato a los migrantes en la frontera sur y las medidas discriminatorias en el resto del territorio: “España ha recibido diferentes llamadas de atención por haber legalizado la expulsión sumaria de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla; por no haber regulado el delito de tortura ni de desaparición forzada tal y como establecen los estándares internacionales; por haber dejado sin asistencia sanitaria a cerca de 750.000 personas migrantes en situación administrativa irregular; o porque es necesario adoptar una política estatal de vivienda con un enfoque de derechos, con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad”, denuncia Beltrán.
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