Hasta 4.253 grupos de presión presentan datos “inexactos, incompletos o sin sentido” para justificar su actividad de influencia en los legisladores europeos y el dinero que invierten en ello. Una información errónea para mejorar la transparencia solo redunda en más opacidad. Bajo esa premisa, Transparencia Internacional vuelve a dar un toque de atención al cabildeo en Europa: la plataforma presentó 4.253 denuncias por inscripciones defectuosas de lobbies en el registro de la UE, del total de 8.427 entradas con que cuenta este portal de transparencia. Esto se traduce en que más de la mitad de los grupos de presión publican datos “inexactos, incompletos o sin sentido” sobre sí mismos.
Los protagonistas son bien conocidos: organizaciones como como Boeing, Yahoo, Wal-mart, Rio Tinto, Thalys, Brussels Airlines y KBC Bank figuran como titulares de grupos de presión denunciados. “Entre los cientos de declaraciones inválidas encontramos organizaciones que afirman gastar más de 100 millones de euros en el cabildeo en la UE o que sostienen representar a miles de grupos de presión” y también miles de organizaciones que afirman gastar menos de lo que cobraría un empleado con un salario mínimo, denuncaba Daniel Freund, de Transparencia Internacional.
Denuncian que un “simple control de verosimilitud” deja al descubierto muchos de los datos aportados por las organizaciones. El registro está diseñado para acotar la influencia de los lobbies en su debida dimensión, además de aportar transparencia al fenómeno del cabildeo, su gasto en Bruselas y la forma en que se relacionan los grupos con los políticos europeos.
Según el análisis del portal, 3.844 organizaciones han declarado gastar en su actividad de presión una cantidad inferior a un salario mínimo, y 171 de ellas hasta llegan a declarar un gasto cero. “Un simple análisis de los costos declarados por los grupos muestran que los datos de muchas organizaciones son muy poco plausibles respecto a la regulación laboral actual”, denuncia TI, porque “es poco probable que una organización inscrita pueda emplear a un grupo de presión por un coste menor a un salario mínimo”. Todo ello sin tener en cuenta el gasto en instalaciones y otros pagos que, por fuerza, ha de afrontar todo aquel que quiera recorrer los pasillos del Europarlamento o la Comisión Europea.
Oficinas ‘tiradas de precio’ en Bruselas
“121 organizaciones declaran incluso menos de 10.000 euros en gastos de cabildeo a pesar de aportar la dirección de una oficina en Bruselas”, sostiene Transparencia Internacional, que recuerda que un espacio de oficinas en la capital europea, principalmente en los alrededores de las instituciones comunitarias, puede ser cualquier cosa menos barato.
Otras 293 organizaciones no han aportado ninguna información sobre su actividad y han recurrido a burdas maniobras para “rellenar” el correspondiente campo obligatorio del formulario del registro: muchas organizaciones se inscriben con “ninguno” o un simple símbolo ‘-‘ para explicar sus “principales iniciativas en la UE, las políticas y acuerdos legislativos que son interés de la organización”. No rellenar este campo se traduce en una clara violación del Código de Conducta que sostiene al registro de transparencia de la UE.
Por otro lado, 116 organizaciones han declarado gastar más de un millón de euros por ‘cabildero’. “Ni siquiera las organizaciones con mayores recursos y que aportan entradas creíbles en el registro alcanzan a gastar la mitad de esa cantidad”, explica la ONG. Los lobbies que han declarado un gasto superior al millón de euros por empleado para presionar a los legisladores de la UE “probablemente han presentado una información errónea”, especialmente teniendo en cuenta el hecho de que el 93% de ellos ni siquiera tiene una oficina en Bruselas.
Transparencia Internacional recuerda que los grupos de presión que no se registran en el portal pierden su acceso al Europarlamento y la posibilidad de mantener reuniones de alto nivel en la Comisión Europea. Esto, que debería ser un buen incentivo para que los lobbies mantuvieran al día su actividad publicada, queda en papel mojado por la escasa supervisión que está recibiendo el portal, que comenzó a funcionar en 2012. “Hay una clara necesidad de controles más sistemáticos y pruebas de verificación”, reclama la plataforma pro transparencia.
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