El Gobierno argentino acusa al juez Griesa de querer “condicionar” el Congreso de EEUU al declarar ilegal su plan para los bonistas. La respuesta del juez estadounidense, Thomas Griesa, en la que declara ilegal el plan argentino de cambiar la jurisdicción del pago de bonos bajo legislación extranjera no ha sido bien vista desde Argentina. El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, ha abogado por un “repudio colectivo” contra el juez y además ha declarado que esta reacción “constituye una injerencia indebida de un magistrado de otro país respecto a la soberanía de la República”.
El juez ha citado a ambas partes después del anuncio argentino que permite a los bonistas (que se sumaron a las reestructuraciones de 2005 y 2010) que puedan cobrar su deuda. En otro sentido diferentes grupos de inversión (NML Capital, Aurelius Capital y Elliott Management) han pedido que Griesa declare en desacato a Argentina debido que el proyecto de ley violaría los fallos anteriores que impiden al país eludir los tribunales estadounidenses.
Ante esto el ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, acusó al juez Griesa de intentar “condicionar” al Congreso y afirmó que “el hecho de declarar ‘ilegal’ a un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento demuestra nuevamente su desprecio por la soberanía nacional de Argentina y su absoluto desconocimiento del funcionamiento de las instituciones democráticas”.
El objetivo del proyecto de ley, explicado por Cristina Fernández de Kirchner, es que los acreedores de rueda reestructurada puedan canjear los antiguos bonos por nuevos pero bajo legislación argentina.
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