Ángel Luis Ortiz,secretario general de Instituciones Penitenciarias
El Ministerio del Interior ha suspendido de forma definitiva una investigación experimental en las cárceles de Huelva y Córdoba que pretendía combatir con electrodos la agresividad de los presos, teniendo en cuenta aspectos como que “no existe evidencia de la calidad” del estudio o la “debilidad de los consentimientos ofrecidos” por los reclusos que se sometieron al mismo.
En una resolución firmada por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, de la que informa Europa Press, el organismo dependiente del Ministerio del Interior informa de que ha suspendido el experimento que lleva por título ‘El estudio de la corteza prefrontal dorsolateral y agresividad auto informada en una población reclusa: un estudio mediante estimulación de corriente directa transcraneal (tDCS)’.
El estudio se aprobó por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el 10 de diciembre de 2015 para que se llevara a cabo por Andrés Molero Chamizo dentro de la prisión de Huelva, contando con aval de la Universidad de esta ciudad. El 6 de junio de 2017 se extendió a la cárcel de Córdoba, en esta ocasión de la mano de la investigadora Raquel Martín Riquelme. En diciembre de 2018 se pidió ampliar el estudio.
El estudio cobró notoriedad tras la publicación este año de los resultados del estudio en el número 397 de la revista ‘Neuroscience’ y llevó al Ministerio del Interior a ordenar su suspensión cautelar el 7 de marzo. También se mantuvieron entrevistas con los investigadores y colaboradores para recabar datos del proyecto.
Prisiones reconoce en su escrito de suspensión definitiva que “el alcance y metodología de la investigación eran desconocidos para el actual equipo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias” y que este tipo de propuesta “no hubiera sido autorizada en la actualidad” debido a que es “ciertamente controvertida”.
“No se encuentra con el parangón de este tipo de investigaciones con población reclusa en países de nuestro entorno y tampoco existe unanimidad en la comunidad científica respecto de la utilidad, pertinencia y finalidad del uso de técnicas de esta naturaleza”, explica en su resolución el director de Prisiones, que añade: “Ni siquiera es una técnica que forme parte habitual del repertorio de las utilizadas en el ámbito de la salud pública”.
Instituciones Penitenciarias alude al informe del Defensor del Pueblo mostrando su preocupación por este proyecto, sobre todo por las “dudas sobre el otorgamiento verdaderamente libre del consentimiento dado por los internos objeto de la investigación y sobre el cumplimiento estricto de la normativa nacional e internacional”.
Entre los defectos, cita la falta en el equipo investigador de especialistas médicos en neurofisiología clínica o la falta de acreditación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). “No existe evidencia de calidad sobre la efectividad de la tDCS en el tratamiento en ninguno de los trastornos estudiados hasta el momento”, concluye Prisiones en una resolución que agota la vía administrativa pero que se puede recurrir en alzada.
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