El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha defendido este miércoles que el Gobierno «no puede marginar el uso del dinero en efectivo», en alusión al código de buenas prácticas para el sector del comercio minorista difundido por la Secretaría de Estado de Comercio que recomienda fomentar el pago con tarjeta.
En una nota de prensa, la institución defiende que «carece de sentido alterar la vida cotidiana de millones de ciudadanos que dependen casi en exclusiva de este medio de pago» y señala que el Gobierno central debería adoptar «una postura de defensa decidida de la moneda corriente, del dinero de todos».
Según su análisis, el Ejecutivo no debería realizar ese «incentivo oficial» a los medios de pago electrónicos, «controlados desde el exterior en su operativa y, en muchas ocasiones, con depósito final también el exterior de los fondos que se mueven, fuera del control fiscal de las autoridades nacionales».
En esa línea, mantiene el Instituto que actualmente el negocio de los medios de pago es «un oligopolio controlado por un reducido número de empresas e instituciones», que acumulan «un poder inmenso fuera de cualquier control por parte de los gobiernos nacionales» y advierte del «peligro» que eso conlleva «incluso para conceptos básicos como la soberanía».
Como ha venido defendiendo desde que se extendiera la pandemia, el Instituto Coordenadas ha mantenido que «no hay evidencia alguna de que monedas y billetes sean vehículos de expansión del contagio» y ha recordado los planteamientos en ese sentido de la OMS, del Banco Central Europeo y de otros bancos nacionales, como el Bundesbank, el Banco de Inglaterra, Banco de Canadá y el Banco de Francia.
Así, el Instituto Coordenadas no entiende la insistencia del Gobierno en «demonizar» el dinero en efectivo cuando el propio Banco de España ha asegurado oficialmente que «no existe peligro alguno de contagio por su uso, con beneficio impropio de los operadores del dinero de plástico».
El análisis recuerda que un segmento «importante» de la población española carece de hábitos de uso de los medios de pago electrónicos, mantiene una reiterada costumbre de uso del efectivo y subraya que «cualquier insistencia desde medios oficiales de restringir su uso está alterando gravemente la vida de esas personas sin justificación científica ni sanitaria solvente».
En ese sentido, ahondan en que amplias capas sociales de personas mayores no habituadas a medios de pago electrónico o en zonas rurales con multitud de pequeños negocios donde escasean los TPV «están viendo incrementadas sus dificultades y riesgos de exclusión social a las ya propias de la pandemia».
«Esa población dependiente del efectivo está sufriendo una situación de discriminación negativa e injusta por el recorte constante del acceso a cajeros automáticos y oficinas bancarias. Los problemas de tipo social y económico que esta falta de acceso al efectivo está generando en amplias capas de la población se están agudizando de forma muy grave en situaciones como la actual crisis sanitaria y sus consecuencias van a ser impactantes en el conjunto nacional», señalan los analistas del Instituto.
El vicepresidente Ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, considera que las autoridades sanitarias deberían reevaluar esa recomendación «carente del más elemental rigor científico», de restringir el uso del dinero en efectivo y de priorizar otros medios de pago.
Sánchez Lambás incide en que la priorización del pago con tarjeta «impacta de forma muy negativa en muchas capas sociales» y «no tiene respaldo sanitario firme». «Sería buena una mayor neutralidad institucional en este sentido. Impedir o dificultar el acceso al dinero no hace otra cosa que fomentar la desigualdad y el reparto injusto de la riqueza. Una vez más decimos que el derecho a disponer de efectivo es, hoy, esencial», ha concluido.
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