Inmigración con violencia

Cada vez que un grupo de migrantes subsaharianos o magrebíes asaltan las fronteras valladas de Ceuta o Melilla queda en el ambiente una sensación de tristeza y de duda al tiempo. De tristeza, por supuesto por la situación desesperada de unas personas que, seguramente mal informadas, arriesgan su vida para llegar a un territorio donde ni es oro todo lo que reluce ni les espera una supervivencia cómoda.

La duda es más complicada y deben responder desde la política y sobre todo desde la Ley y su aplicación. ¿Se puede aceptar que algunas personas crucen una frontera sin autorización y, peor aún, que lo hagan con violencia? Ya sé que no se trata de delincuentes comunes, que son personas casi siempre honradas, que huyen de la pobreza o la guerra en sus países. Pero, a pesar de todas estas justificaciones, ¿se puede tolerar?

Que urge normalizar la llegada de inmigrantes y hacerlo con todas las consideraciones favorables, es de sobra sabido y repetido. Que las fronteras se vuelvan en una prueba de fuerza para saltarlas a quien pueda y le parezca, debe de haber, y quiero creer que hay, un abismo. Al igual que sus predecesores, los que acaban de saltar la valla de Ceuta lo han hecho además de ilegalmente, con violencia y agresión a los que las defienden. Doblemente intolerable.

La devolución en caliente a sus países de procedencia de los que lo consiguen, sin escuchar sus razones y sin valorar sus derechos, es una medida extrema. Habría que vitarla. Lo que ocurre es que ante una actuación violenta, del uso de la fuerza, resulta muy difícil justificar que esas personas puedan quedarse en nuestro territorio. No es el mismo caso de los que llegan en patera: entran ilegalmente, pero de manera pacífica.

No es fácil afrontarlo, lo sé. Se mezclan derechos y sentimientos humanos con el cumplimiento de la Ley. Y aquí es donde se acentúan las dudas que políticos y jueces tendrán que resolver. Vivimos en un sistema en que la Ley está por encima de todo. Y a todos debe obligar, lo mismo a políticos que se la saltan que a delincuentes comunes que roban carteras en el metro o usureros que estafan. ¿Qué hacer, pues, con estos inmigrantes que entran en el territorio atacando con ácidos y cal viva?

¿Se les acoge como pobres desesperados que son o se les concede algún estatus que lleve a hacer la vista gorda sobre su actuación? La transigencia es un mal ejemplo incluso para ellos si consiguen quedarse en un país donde las leyes y las reglas se saltan sin que pase nada grave y la intransigencia, es decir, la devolución en caliente ya no tanto de emigrantes ilegales sino de delincuentes agresivos y violentos, una decisión que chirría con la capacidad de tolerancia.

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