El Ministerio de Hacienda avanzó este martes que obligará a los colegios concertados que devuelvan los donativos con los que las familias se desgravaban IRPF. Una medida que, según la ministra María Jesús Montero, no es nueva. Sin embargo, la reacción de PP y de Ciudadanos no se ha hecho esperar.
Ambas formaciones han cargado contra el anuncio. En Ciudadanos han llegado incluso a acusar al Gobierno de “intentar sablear a la clase media trabajadora” con “políticas ideológicas” como estas. La portavoz de Educación en el Congreso del partido naranja, Marta Martín, ha insistido en que lo único que se persigue es “machacar” a los padres de la concertada.
«Nos parece que, de nuevo, se trata de utilizar los impuestos como algo ideológico, de gravar aquello que al Gobierno no le gusta y, en todo caso, es retroactivo y atenta contra la seguridad jurídica”, ha reprochado recientemente Juan Carlos Girauta.
En todo caso, Montero, en una entrevista en Antena 3, ha explicado que esta medida se hace porque hay padres que se desgravan de manera incorrecta las cuotas al incluir estos pagos como donaciones. Así, quien haya optado por este paso ahora tendrán que realizar una declaración complementaria.
Por su parte, en el Partido Popular también han salido en tromba a censurar la orden de Hacienda. La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha aprovechado para recordar que ellos apoyan “a todos los padres que libremente eligen que sus hijos vayan a una concertada”.
“Por tanto, no estamos a favor de la medida que va a tomar el PSOE”, ha sentenciado Montserrat. Misma visión se ha compartido por distintos territorios del país. En Madrid, el consejero de Educación del PP, Rafael van Grieken, ha asegurado que la orden es un nuevo “ataque sistemático” contra la concertada.
El consejero madrileño ha tildado este miércoles de “ocurrencia” la decisión de Hacienda. Según Van Grieken, que se vaya a pedir con “retroactividad” solo tiene una explicación: que se tome desde una “perspectiva sectaria”. Isabel Celaá, ministra de Educación, ha calculado que estas irregularidades suman un total de 1.000 millones de euros.
Y si Van Grieken ha hablado de “ataque sistemático”, Ciudadanos en Madrid ha usado la misma expresión. Ignacio Aguado, líder de la formación naranja en la región, ha avanzado mociones en los parlamentos en defensa de la escuela concertada ante “el ataque sistemático del Gobierno de Sánchez”.
“Respetamos la libertad de elección de los padres, respeto a la educación concertada que está también sostenida con fondos públicos y tiene que estar garantizada por las administraciones. No somos partidarios de demonizar ninguna forma de educación, porque con la convivencia de los tres sistemas el ciudadano es el principal beneficiado”, ha recalcado Aguado.
Por último, en Asturias, el diputado del PP en la Junta General del Principado, David González Medina, ha aseverado que el Ejecutivo central lo que pretende es “robar” a las familias de la enseñanza concertada con esta obligación.
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