Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP.
La decisión de la magistrada Inmaculada Iglesias se produce después de que el fiscal del caso solicitara su archivo al considerar que supone “un ejercicio de hipótesis y elucubraciones” a raíz de declaraciones realizadas en los medios de comunicación.
En la misma línea que el fiscal, la jueza esgrime en un auto dictado el pasado 18 de mayo que el denunciante, sobre la base de informaciones periodísticas, “pretende que se inicie una investigación penal para corroborar lo que en principio son meras sospechas o hipótesis”. “No se aportan con la denuncia indicios o datos objetivos de la realidad de los hechos que imputa, limitándose a reproducir titulares de noticias”, subraya la magistrada.
En un escrito, el fiscal solicitó a la juez que no se admitiera a trámite y que se archivara la denuncia interpuesta por el abogado Esteban Gómez Rovira, quien se querelló contra los exdirigentes del PP por manejar supuestamente datos fiscales y bancarios de Tomás Díaz Ayuso, algo que consideraba incurría en un delito de revelación de secretos.
Para el fiscal, la denuncia es “un ejercicio de hipótesis y elucubraciones” a raíz de las declaraciones realizadas por ambos políticos en los medios de comunicación.
En su opinión, a través de dichas manifestaciones el denunciante llega a una conclusión “carente de apoyo” o corroboración en hechos acreditados de cara a solicitar unas diligencias de investigación “a los fines de corroborar sus sospechas, lo que resulta no ajustado a Derecho y debe conllevar su archivo”.
Según alegaba el denunciante, ambos exdirigentes del PP podrían haber incurrido en el citado delito a raíz de una entrevista radiofónica en la que Casado se refirió a un comportamiento “no ejemplar” por parte de Tomás Díaz Ayuso por el cobro de 300.000 euros como consecuencia de un contrato que celebró con la Comunidad de Madrid.
Del mismo modo, cita a García Egea porque en una comparecencia ante los medios de información realizó unas declaraciones sobre un supuesto cobro de comisiones relativo a dicho contrato, en beneficio al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso.
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