Francisco Granados, exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el caso ‘Púnica’, ha citado como a declarar como imputados el próximo 8 de enero a tres empresarios a los que acusa de haber ayudado al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama, en la propiedad de una vivienda de lujo en Valdemoro para ocultar su verdadera titularidad. En el auto ese detalla que los empresarios figuraron de manera ficticia y sucesiva como propietarios de la finca que otro imputado en la causa, el constructor Ramiro Cid, regaló a Granados por sus supuestos favores urbanísticos para que se construyera un chalet.
En un auto fechado el pasado 14 de diciembre, y del que informa Europa Press, el juez ha aceptado la petición que hizo la Fiscalía el pasado mes de noviembre de tomar declaración a Consuelo Astasio López, Rafael Navarro Conde y Millán Jesús Pradana Cuellar, a tenor de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aportado a la causa en enero de 2016, en relación al chalet en Valdemoro de Granados.
García Castellón explica en su auto que Granados se aprovechó de su condición de alcalde del municipio madrileño entre los años 2000 y 2003 e hizo un uso desviado de fondos para su “lucro personal”. A través de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro benefició con “diferentes clasificaciones y reclasificaciones de terrenos y de las enajenaciones” a los empresarios del suelo municipal público, a cambio de “ingentes ganancias ilícitas”, apostilla.
El magistrado destaca que el sector R6 “El Caracol” de Valdemoro, donde se encuentra la vivienda en cuestión, es el terreno que “principalmente” ha sufrido dichas alteraciones urbanísticas, cuya participación mayoritaria la ostentan las sociedades de Ramiro Cid. Afirma que en contraprestación de estas operaciones, el empresario entregó las parcelas a Granados donde construyeron el chalet.
El auto detalla que, aunque la inscripción registral de esta vivienda se mantuvo a favor de una de la sociedad de Cid, de la documentación incautada, así como de las declaraciones de testigos, se desprende “la existencia de sucesivas transmisiones de las parcelas” desde el año 2008, “con el objetivo de desvincularlas del señor Cid”.
Unas operaciones de compraventa que, según el juez, son “ficticias” y dirigidas a “velar a su verdadero propietario, Francisco Granados, y a su testaferro oficial, Ramiro Cid”. Estas concesiones se hicieron a favor de las empresas de Consuelo Astasio López, Rafael Navarro Conde y Millán Jesús Pradana Cuéllar.
Por ello, el juez les imputa al considerar que hay suficientes indicios de su participación en un delito de blanqueo de capitales, al encubrir el patrimonio ilícito del exdirigente ‘popular’ “a través de artificiosas compraventas de las parcelas”.
García Castellón detalla que la primera de las transmisiones se hizo a favor de las empresas de Astasio López y Navarro Conde. Cid continuaría siendo, pese a la venta, el propietario de las parcelas al suscribir un contrato privado con estas dos personas un día después de la firma de las escrituras públicas de compraventa.
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