Ignacio Gónzalez, expresidente de la Comunidad de Madrid
En el auto de apertura de juicio oral, que lleva fecha de 4 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 señala además que la vista se debe celebrar contra el empresario Adrián de la Joya -muy ligado al comisario José Manuel Villarejo-; Rafael Arturo Martín, consejero de OHL; Felicísimo Damián Ramos, director de Control de Gestión de OHL; e Ildefonso de Miguel, presidente del Ente Público Canal de Isabel II entre los años 2003 y 2012, por los mismos delitos.
Según el escrito de conclusiones provisionales de Anticorrupción de diciembre, en el que interesaba penas de seis años y medio para López Madrid y cuatro para González (informe del que el juez recoge en su auto las líneas fundamentales), la adjudicación del contrato para la construcción de la línea ferroviaria de Navalcarnero recayó en una UTE participada por OHL en 2007 gracias a la “ventajosa oferta económica” en comparación con otras siete empresas.
Pero “en realidad, la presentación de esta oferta obedeció a un plan ideado por los acusados Javier López Madrid -consejero dominical de OHL en el momento de los hechos- y Rafael Arturo Martín de Nicolás Cañas”. Dicho plan, consistía en asegurarse la adjudicación inicial y conseguir la posterior autorización de un modificado contractual con el que compensarían la merma de ingresos que suponía esa oferta.
“Para lograr su propósito ambos investigados destinaron 2,5 millones de dólares -aproximadamente 1,8 millones de euros- al abono de una ilícita comisión entre cuyos beneficiarios se encontraban Ildefonso de Miguel Rodríguez e Ignacio González a fin de que este último ejerciera su influencia sobre Jesús Trabada, entonces Consejero Delegado de Mintra y, como tal, órgano de contratación de la entidad”, recuerda ahora el juez.
Con ese plan sobre la mesa, para llevar a cabo el pago de la citada comisión contaron “con la colaboración esencial2 de los investigados Felicísimo Damián Ramos Ramos, director de control de OHL, y Adrián de la Joya, “quienes se avinieron a desarrollar las actuaciones necesarias para ello”.
En definitiva, la actuación conjunta de ambos acusados permitió a OHL “destinar importantes fondos para retribuir a cargos públicos con el fin de beneficiarse indebidamente con la adjudicación y posterior ejecución del contrato de concesión” para construir la línea ferroviaria Móstoles Central-Navalcarnero.
Así, días después de la adjudicación, Felicísimo Damián Ramos, siguiendo las instrucciones de su superior jerárquico en OHL, Rafael Arturo Martín, ordenó que de las cuentas que OHL tenía abiertas en España se transfirieran 2,5 millones de dólares a cuentas bancarias abiertas en México a nombre de dos sociedades del Grupo OHL.
Los hechos ocurren en 2007, cuando OHL gana el concurso público y a la par, López Madrid aprovecha su amistad con Ignacio González para convenir con éste que aprovecharía su posición en la Comunidad de Madrid para asegurar dicha adjudicación dado que podía influir sobre Jesús Trabada, de la empresa pública Mintra. “Lo que a merced de su intervención personal así aconteció”, subraya.
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