Iglesias y Garzón defienden que el delito de Mayer y Mato es luchar contra la malversación de dinero público

“Cuando alguien encuentra indicios de corrupción, lo primero que debe hacer es investigar el caso”, comienza la columna, a cuatro manos, que hoy publican Pablo Iglesias y Alberto Garzón, líderes de Podemos e Izquierda Unida respectivamente, en El Mundo. Defienden que los concejales de Ahora Madrid Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato han actuado conforme a la legalidad ante un convenio “irregular y sospechoso” que ata al Ayuntamiento de Madrid hasta 2021 y costaría 140 millones de euros por la celebración del Open de Tenis. “Una factura que está a años luz de cualquiera derivada de un torneo deportivo similar”, defienden los rostros más visibles de Unidos Podemos.

Consideran que los concejales actuaron conforme a la legalidad al contratar a un bufete externo para investigar el contrato firmado en 2001 con la alcaldía de Álvarez del Manzano “por 1,5 millones de dólares al año para que acogiera un torneo de tenis cuyos derechos de celebración no demostró tener en propiedad” y que no se cobra a otros ayuntamientos como el de París o Roma.

Defienden que debieron hacerlo así “porque los servicios jurídicos del Ayuntamiento no tienen competencias para posicionarse al respecto, y el procedimiento de contratación fue tan legal y escrupuloso como en los nueve casos anteriores idénticos que el PP no denunció”.

“A pesar de que en la querella del PP se denuncia la contratación de un despacho de abogados externo, está dirigida únicamente a las tres personas que presentaron los hechos en Fiscalía y no a todos los responsables de la citada contratación. Un evidente indicio de que se trata de un movimiento de venganza contra los denunciantes y no un intento de hacer justicia”.

Critican que “el convenio se fue desarrollando a lo largo de los años -a través de negocios jurídicos opacos y enrevesados- y encareció la factura del Ayuntamiento”, primero hasta los cinco millones de euros anuales por celebrar un torneo de categoría femenina, y después hasta llegar a los más de 10 millones de euros anuales “con la única contraprestación aparente de elaborar un spot publicitario de 20 segundos y permitir al Ayuntamiento participar en la entrega de premios del torneo”, relatan.

Defienden que la denuncia del PP no se sostiene y que “este tipo de querellas suelen admitirse a trámite casi de forma automática y no suponen que el juez correspondiente haya detectado indicios de delito”.

En definitiva, critican que políticos del PP comparen esta querella con los grandes nombres de la corrupción popular como Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, con decisiones del Gobierno de Rajoy como la amnistía fiscal “o cualquier otro escándalo perpetrado por los de siempre y en beneficio de los de siempre”.

Concluyen que los concejales están sufriendo el ataque del PP no porque éstos piensen realmente en hacer justicia, sino para “desgastar y atacar a quienes están destapando numerosos escándalos de corrupción de la época de Gallardón y Botella y que están demostrando que se pueden aplicar políticas de forma honesta y en beneficio de la mayoría social”.

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