El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso.
El vicepresidente del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha abandonado definitivamente la idea de que el rescatado Bankia se transforme en una banca pública. Así al menos lo ha dado a entender en una entrevista concedida a La Sexta en la que el líder de la formación morada ha abogado por convertir al ICO “en la banca pública que necesita España”.
“El presidente Sánchez y yo estamos de acuerdo con que tiene que haber una banca pública”, ha señalado el vicepresidente Iglesias, “y pensamos que el ICO tendría que convertirse en la banca pública que necesita España”.
Iglesias responde de este modo después de que en una entrevista publicada hoy por el diario Expansión, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, haya señalado que “mi opinión personal es que Bankia no debería ser un banco público”. “No me corresponde a mí decidir cuándo se va a realizar la privatización, pero personalmente creo que es importante que se acabe haciendo o, al menos, que se mantenga el mensaje de que se hará en el momento adecuado”.
No obstante, el vicepresidente del BCE ha valorado que “el tema de banco público o banco privado es una decisión del Gobierno”.
El grupo BFA-Bankia recibió un rescate de 22.424 millones de euros, de los que 10.620 millones fueron a parar directamente a Bankia (la filial cotizada). Posteriormente, el grupo absorbió BMN, que había recibido un rescate de 1.645 millones de euros. Con el último pago de dividendo en abril, el Estado ha recuperado de momento 3.085 millones de euros del dinero inyectado, de los que 961 millones se corresponden al reparto de beneficios y los 2.124 millones restantes a través de las mencionadas colocaciones.
Bankia, que fue rescatado en 2012, debía haber vuelto a manos privadas en un plazo de cinco años (2017), pero ya el Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió prorrogar el plazo dos años, hasta finales de 2019. A finales de 2018, la complicada situación de los mercados convenció también al Gobierno de Pedro Sánchez de adoptar una medida similar.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es un banco público adscrito al Ministerio de Economía. Fundado en los años 70, cuando coordinaba la labor de los bancos públicos existentes entonces, desde 1991 asumió “como principal objetivo potenciar la economía real”.
Esta misión la lleva a cabo principalmente mediante dos vías: las líneas de mediación (conocidas como Líneas ICO), dirigidas fundamentalmente a trabajadores autónomos y pymes. En este caso son los bancos privados los que se encargan del análisis de las operaciones, determinan las garantías a aportar, deciden sobre la concesión de la financiación y asumen el riesgo de éstas. El ICO, por su parte, determina las dotaciones de cada línea, la finalidad de los préstamos, los tipos de interés y los plazos de amortización y provee de fondos a las entidades.
La segunda línea de actuación es la financiación directa, con préstamos diseñados a la medida de las necesidades de la empresa solicitante, con un importe mínimo de 12,5 millones de euros y largos plazos de amortización. Esta financiación se concede preferentemente en colaboración con entidades privadas o públicas nacionales, internacionales o multilaterales.
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