Iberdrola exigirá que más del 85% de sus compras se realicen a proveedores que se rijan por criterios ESG

Así, el grupo eleva el listón respecto a sus objetivos anteriores, fijados en 2021, cuando estableció que al menos el 70% de sus principales adjudicatarios, aquellos que realizaran compras anuales por valor de más de un millón de euros, cumplieran los criterios ESG establecidos y estuvieran sujetos a políticas y estándares de desarrollo sostenible.

Como parte de la responsabilidad como empresa tractora, el plan de ESG en cadena de suministro de Iberdrola no pretendía dejar fuera a las empresas que no hubiesen prestado suficiente atención en esta materia, sino animar a toda la cadena para que se alinease con los principios de la compañía.

Para ello tiene establecido un mecanismo de propuestas de planes de mejora en ESG a través del cual ha traccionado a más de 1.000 proveedores que inicialmente no cumplían el nivel de exigencia, de los cuales más de la mitad ha terminado el trienio 2020-22 siendo sostenibles. De esta manera, se ha superado el 77% de proveedores principales sostenibles al final del periodo, recoge Europa Press.

El proveedor de la energética, de entrada, debe aceptar el Código Ético del Proveedor para poder iniciar una relación comercial con la compañía. Este incluye principios de actuación y clausulas en materia de respeto de los derechos humanos, diversidad e igualdad, salud y prevención laboral, medidas antifraude y corrupción, respeto medioambiental, entre otras cuestiones.

Iberdrola busca así suministros y proveedores, que además de ser sostenibles, sean transparentes, solventes, justos, éticos y técnicamente competitivos.

En cuanto a la exigencia de un comportamiento ético, se realiza una supervisión en la que se analiza el proveedor, así como sus sociedades matrices y filiales, directivos y accionistas. Este cribado busca identificar sanciones, noticias adversas o indicios de incumplimientos en materia de cumplimiento y derechos humanos.

En lo que se refiere a los requisitos financieros, se les realiza una evaluación crediticia para determinar su solvencia financiera, evaluación que se lleva a cabo en cada licitación o adjudicación relevante y de manera continua con seguimiento y monitorización anual. Dependiendo del servicio o del suministro, se les exige requisitos en materia de ciberseguridad, prevención de riesgos laborales, gestión medioambiental, incluso con la exigencia de aportar certificaciones ISO.

Para el periodo 2023-2025, el grupo indicó que se mantendrá el modelo actual de medición en ESG que está “plenamente consolidado e integrado” en la toma de decisiones de compras. Además, se continuará el plan de auditorías ESG a proveedores (más de 50 previstas en 2023) y el reconocimiento a proveedores con la celebración de eventos de Premios Globales al proveedor del Año (2023 y 2025) y Premios locales (2024).

Igualmente, para poder cumplir el ambicioso compromiso de ser neutros en todas sus operaciones en 2040, se plantean nuevos planes de acción específicamente ligados a la lucha contra el cambio climático. Entre ellos, la mejora de la medición de emisiones de proveedores como primer paso para planes de reducción mediante electrificación de procesos y economía circular, entre otros. Y también plantea campañas concretas; por ejemplo, en acero verde, deforestación, biodiversidad o movilidad sostenible.

El porcentaje de compras locales durante 2022 se situó por encima del 87%. El número de empleos indirectos generados por el volumen de compras del grupo se sitúa en torno a los 400.000 puestos de trabajo.

Navantia, Windar, Ormazabal, Ingeteam o Haizea Wind, por ejemplo, son algunas de las empresas españolas en las que Iberdrola confía para la construcción de componentes críticos de sus parques eólicos marinos Wikinger (Alemania) e East Anglia ONE (Reino Unido) y los que mantiene en desarrollo, como es el caso de Saint Brieuc (Francia).

Asimismo, la compañía ha realizado compras a más de 4.500 proveedores españoles por valor de más de 2.700 millones de euros durante 2022, una cifra que supone un crecimiento de más del 12% respecto a los 2.405 millones de 2021.

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