Interprete de lenguaje de signos
El curso escolar en Madrid comenzó con una peculiaridad: sin intérpretes de lengua de signos. La huelga de estos profesionales por los impagos de CISLEM, empresa encargada del servicio, llevó al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a ceder esta externalización a otra compañía. El conflicto se solucionó, pero aún quedan trabajadores en el limbo.
Es el caso de los intérpretes de lengua de signos de servicios a la comunidad, que el pasado 23 de octubre iniciaron una huelga indefinida ante los impagos y la falta de respuesta por parte de la Consejería de Políticas Sociales. “Entré hace tres años en CILSEM y nunca he cobrado una nómina a tiempo”, relata a EL BOLETÍN un profesional que pide guardar su anonimato.
Un trabajo que comienza cuando una persona sorda adulta necesita algún tipo de relación con la Administración: “Por ejemplo, si tiene que ir al médico o al abogado. Estamos donde necesita oír”. Algo que, en la huelga, se sigue haciendo para cubrir juzgados y hospitales por los servicios mínimos.
Un contrato que atiende 12.320 servicios al año
A día de hoy, la empresa encargada del servicio adeuda tres nóminas y el viernes, cuando entre noviembre, cuatro. “A la Consejería no les preocupamos mucho”, confiesa viendo que, según les han comunicado, CILSEM renunció a la prórroga que tienen hasta mayo de 2020 firmada el pasado 1 de junio.
El turno sería ahora para la Comunidad de Madrid que tendría que buscar acomodo a estos trabajadores y así mantener un servicio esencial para los madrileños con discapacidad auditiva. “Podemos acompañar a tres personas al día. Hay mucha demanda. Entre todos ayudamos al mes a unas mil personas”, sentencia.
La Consejería de Políticas Sociales, con la que este medio no ha podido contactar, habla de un máximo de 12.320 servicios de intérpretes al año. Un día a día que puede empezar a las nueve de la mañana quedando con una persona sorda para ir al médico y luego a las once, “en la otra punta de Madrid”, con otro usuario para acompañarle al banco.
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“Nos necesitan para comunicarse”, concluye recordando que están pagando “por ir a trabajar” ya que al no haber nómina, no les pagan el transportes para los desplazamientos.
Al igual que estos intérpretes se encuentran otros diez asesores de sordos en plantilla de CILSEM y que ofrecen servicios a alumnos de la pública. Estos profesionales, “referentes adultos para niños con problemas auditivos”, viven una situación igual pero a la que hay que sumarle que la Consejería de Educación decidió adjudicar una nueva externalización cuando el conflicto ya estaba encendido.
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