Imagen de archivo de un bote de vacuna
Las ONG Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) han instado este miércoles a renunciar «urgentemente» a los derechos de propiedad intelectual para las vacunas contra el coronavirus, mientras que han exigido una «cooperación extraordinaria» para garantizar el derecho a la vida y a la salud pública».
En este sentido, se han dirigido específicamente contra los gobiernos y les han pedido que dejen de bloquear una exención temporal de algunos derechos mundiales de propiedad intelectual para permitir el acceso mundial a las candidatas a vacuna.
Estas medidas para levantar la propiedad intelectual permitirían a los gobiernos cumplir con sus obligaciones de respetar los derechos a la vida y a la salud, han destacado HRW y AI.
Esta petición se da un día antes de la celebración de la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Ginebra y coincidiendo con las primeras aplicaciones de la vacuna en Reino Unido y las inminentes campañas en el resto de países del mundo.
En la citada reunión, se examinará una propuesta de India y Sudáfrica para suspender temporalmente algunas disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
Esta propuesta facilitaría la transferencia de tecnología para que los fabricantes de todo el mundo puedan producir rápida y económicamente productos médicos contra la COVID-19, incluidas las vacunas, ya que los países de ingresos más altos ya han llegado a acuerdos para adquirir la gran mayoría de los posibles suministros de vacunas del mundo para 2021, por lo que la medida ayudaría a ampliar el acceso de las personas de los países de ingresos más bajos.
Kenia, Suazilandia, Mozambique y Pakistán se han unido a India y Sudáfrica para copatrocinar la propuesta de exención, mientras que ha sido acogida con beneplácito o apoyada por más de 100 países.
No obstante, recuerdan las organizaciones, un pequeño grupo de países de altos ingresos y sus socios comerciales se han opuesto a ella, entre ellos Brasil, la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Japón y Reino Unido, que defienden que las flexibilidades actuales son suficientes.
Al respecto, la asesora de Amnistía Internacional sobre el derecho a la salud, Tamaryn Nelson, ha incidido en que «sólo podremos poner fin a la COVID-19 si los gobiernos reconocen sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y se aseguran de que no se deja de lado a quienes más necesitan vacunas que salvan vidas».
Por lo que todos los países deben apoyar la exención para facilitar el acceso universal y justo a estas intervenciones potencialmente salvadoras de vidas, aseguran HRW y AI, mientras que todos los desarrolladores de vacunas, incluyendo Pfizer, Moderna y AstraZeneca, deberían apoyar y participar en el Fondo de Acceso a la Tecnología de COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para facilitar el intercambio de propiedad intelectual y conocimientos técnicos.
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