Coronavirus en Manila, la capital de Filipinas
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado al Gobierno de Filipinas por no haber informado de manera completa acerca de las muertes por la Covid-19 que se han producido dentro de las cárceles del país, y ha pedido no sólo que se investiguen, sino que además se mejoren las condiciones de salubridad de estos centros.
Filipinas es el país con un mayor grado de congestión dentro de sus penitenciarías. En 2019 más 215.000 personas se amontonaban en espacios destinados en principio para albergar sólo a 40.000 de ellas.
El subdirector para Asia de Human Rights Watch, Phil Robertson, ha pedido transparencia al Gobierno del presidente, Rodrigo Duterte, después de que se hayan destapado las muertes de varios presos por la Covid-19 sin que se hubiera informado de ello posteriormente.
«El Gobierno debería tomarse en serio la terrible situación en sus prisiones y cárceles e informar con precisión sobre las muertes y enfermedades que se dan en ellas», ha manifestado Robertson.
Si bien HRW ha tenido acceso a algunos testimonios de presos del centro penitenciario de Ciudad Quezón, quienes aseguran que desde el 25 de marzo al menos siete de sus compañeros han muerto, el Gobierno ha asegurado que tan sólo dos personas han muerto por la Covid-19 en las cárceles filipinas.
La ONG ha contado que algunos de los presos, quienes también han denunciado las inexistentes medidas de seguridad y la nula capacidad de estos centros para hacer frente a la pandemia, han tenido que ayudar ellos mismos al personal sanitario a cargar y trasladar los cadáveres.
Robertson, quien ha destacado la «desgarradora imagen» que los presos han narrado acerca de las condiciones penitenciarias, ha señalado que «no brindar la protección adecuada a los reclusos a los que se ordenó ayudar al personal médico de la prisión es más cruel de lo que se puede llegar a creer».
Es por ello, ha recordado HRW, que junto a otros grupos locales de Derechos Humanos, han solicitado al Gobierno de Duterte que facilite la liberación de los presos que se encuentren dentro de la población de riesgo y que hayan sido condenado por delitos menores, en un intento, como ya están haciendo otros muchos países, por aliviar la capacidad de estos lugares.
No obstante, el propio fiscal general de Filipinas, José Cálida, ha entorpecido muchas de estas iniciativas, pues, aunque «algunas de las instalaciones están muy congestionadas, desafortunadamente, esto no está entre los motivos para liberar a los reclusos».
Robertson ha concluido exhortando al Gobierno a liberar «de inmediato» a «los prisioneros vulnerables» y a «garantizar que se satisfagan las necesidades médicas del resto», pues en caso de no hacerlo, «Filipinas se enfrenta a una verdadera catástrofe».
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