Un policía de Sri Lanka en un puesto de control de la capital, Colombo
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este jueves que las autoridades de Sri Lanka podrían estar sirviéndose de sus leyes antiterrorismo para llevar a cabo detenciones ilegales y abusos contra varias personas de la minoría musulmana de la isla, señalada tras los atentados cometidos por un grupo islamista el domingo de Resurrección de 2019 en varios puntos de Colombo, la capital, y en los que murieron al menos 290 personas.
«Las autoridades de Sri Lanka tienen la responsabilidad de enjuiciar a los responsables de los horribles ataques del domingo de Resurrección del año pasado, pero los arrestos deberían ser legales y no vilipendiar a toda una comunidad», ha señalado la directora de HRW para el sur de Asia, Meenakshi Ganguly.
«Los recientes arrestos de musulmanes conocidos, combinados con acciones sesgadas del Gobierno y el creciente discurso de odio contra los musulmanes, generan preocupación por la seguridad de esta», ha alertado Ganguly.
La directora de HRW para el sur de Asia ha hecho referencia a las últimas seis detenciones, entre ellas, la del destacado abogado Hejaaz Hizbulá, que, al igual que el resto de detenidos, ya había denunciado a través de las redes sociales discriminación religiosa.
Hizbulá es conocido en el país por haber participado como asesor legal en varios casos de Derechos Humanos y de alto perfil, incluida la disolución del Parlamento en 2018 después del fallido intento de moción de censura contra el que fuera primer ministro, Ranil Wickremesinghe (2015-2019).
CRECEN LOS DISCURSOS DEL ODIO
La minoría musulmana de la isla ha denunciado que desde los bombardeos del domingo de Resurrección han venido sufriendo un aumento de ataques racistas y de discursos del odio, entre ellos el que asegura que esta comunidad religiosa es la causante de la pandemia del Covid-19 en Sri Lanka.
Naciones Unidas ha confirmado tales aseveraciones y ha denunciado que las medidas del Gobierno que obligan a la cremación de aquellas víctimas mortales por el Covid-19 atentan contra la libertad religiosa.
Por su parte, HRW ha afirmado que la amenaza de la pandemia puede servir al Gobierno para mejorar las relaciones entre las distintas comunidades del país, y le ha recordado que «para promover la seguridad pública, es importante que las autoridades sean vistas actuando contra la discriminación, no promoviéndola».
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