El digital que dirige Ignacio Escolar explica que la asociación de la Benemérita quiere desahuciar a María Ángeles García y a su hermana del piso en Madrid en el que desde 2001 vivían de alquiler con su madre -viuda de un agente-. Asegura el medio online que “cuando la progenitora falleció, las hermanas solicitaron subrogar el contrato”, por el que pagaban una renta de poco más de 500 euros, ya que sus “sueldos apenas pasaban de 700 euros, en el caso de María Ángeles como administrativa a tiempo parcial en una asociación, y poco más de 500, en el caso de su hermana como teleoperadora”.
Cuenta eldiario.es, que la asociación les concedió la subrogación, válida por un plazo máximo de dos años, que vencía el año pasado, pero “como sus precarias circunstancias personales no habían variado” las dos hermanas decidieron solicitar a la asociación una prórroga, para lo cual “enviaron su primera petición el 2 de marzo de 2016, siete meses antes de que venciera la subrogación. “Les explicábamos nuestra situación, que las dos tenemos un empleo a tiempo parcial, que a nuestra edad no es fácil encontrar otro y que nuestro hermano Manuel nos ayudaba a llegar a final de mes», cuenta María Ángeles. También relataban cómo ella, la hermana mayor, tenía reconocida una discapacidad del 35% “Tengo una degeneración en los oídos y sin el audífono solo escucho ruido», relata la mujer.
Explica el citado medio de comunicación que las dos mujeres “no obtuvieron respuesta a esta primera petición hasta casi tres meses después con una carta firmada por José Ramón Carrasco, coronel jefe del Área Económica de la asociación -buena parte del Consejo de Gobierno y Administración de la entidad está formada por generales y coroneles-, quien escribía en nombre del presidente de la asociación, entonces el general Gregorio Guerra”, una carta en las que Carrasco les decía que el contrato estaba ya extinguido pero que “como deferencia a ellas” podían quedarse hasta el 31 de octubre, fecha en la que se había firmado el contrato con su madre y que consideraba improrrogable. «En caso de no verificar lo expresado [la entrega de las llaves], sin más aviso que la presente carta, nos veríamos obligados a instar las acciones judiciales oportunas, reclamando el lanzamiento de los actuales ocupantes de la vivienda y los daños y perjuicios que se deriven de dicha ocupación ilegal”, terminaba la carta.
El diario.es señala que a pesar de los intentos de las hermanas la respuesta de la asociación ha sido una “demanda judicial de desahucio” que les llegó el pasado 23 de enero y afirma haberse puesto en contacto con la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil y que ésta ha rechazado responder a las preguntas, mientras que “desde la Dirección General de la Guardia Civil señalan que la asociación es un ente autónomo y que no entran a valorar lo sucedido”.