No hay precedentes de la existencia de una comisión judicial con tantos medios como la que investiga a Francisco Nicolás Gómez Iglesias. “La comisión judicial que investiga el caso del ‘pequeño Nicolás’ ha costado ya más de medio millón de euros al erario desde que el magistrado Arturo Zamarriego ordenó su creación hace ahora casi año y medio”, según informa hoy elindependiente.com.
El digital de Casimiro García-Abadillo hace notar además dos hechos relevantes. El primero, que el magistrado Zamarriego “puso al frente al comisario principal Marcelino Martín-Blas, destituido semanas antes como responsable de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional por participar en una reunión ilegal con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y por ‘falsear’ pruebas presuntamente que comprometían a otro mando policial con el que estaba enfrentado”.
Y el segundo que “no hay precedentes de la existencia de una comisión judicial con tantos medios como la que investiga por orden del Juzgado de Instrucción 2 de Madrid las actuaciones presuntamente delictivas de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, detenido el 14 de octubre de 2014 por hacerse pasar por un alto cargo de la Vicepresidencia del Gobierno y que ya ha sido ya procesado por dicho juzgado por la comisión de los delitos de usurpación de funciones, falsificación de documentos, malversación de caudales públicos y cohecho. Casos de mucha mayor complejidad no han contado con un despliegue policial como éste.
Según Elindependiente.com “siete personas forman parte de esta delegación –hasta nueve en determinados momentos de la investigación–dirigida por un comisario principal (Marcelino Martín-Blas) y que cuenta con un inspector (Eladio Rubén López), tres subinspectores –un cuarto colaboró durante 10 meses–, un oficial y un agente (más el refuerzo de otro funcionario durante medio año)”.
Y señala que “en total, el funcionamiento de esta comisión judicial tiene un coste mensual de unos 27.400 euros (329.200 euros al año), cantidad que no incluye ni los vehículos que utilizan para realizar las funciones asignadas ni el alquiler de la vivienda que tienen como base de operaciones”.
E informa que operan en un piso que la Fundación Policía Española tiene cerca del parque del Retiro, después de que se hubiera rechazado la primera ubicación propuesta –las dependencias que el cuerpo tiene en la calle Rafael Calvo–por estar dentro de un recinto policial.
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