Un informe de la Intervención General del Estado recrimina al organismo que permitiera a sus directivos mantener durante dos años contratos y sueldos que incumplían la ley. Rapapolvo de la Intervención General del Estado (IGAE) al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en el primer informe de control financiero que elaboraba sobre el organismo encargado de gestionar los bancos nacionalizados. Un documento que data del 30 de mayo de 2014 sobre el ejercicio de 2012 y parte de 2013 en el que reprocha al organismo los sueldos de sus ejecutivos, así la ausencia de cheques de comida y seguros de vida como retribuciones en especie. Todo, en pleno rescate financiero
Las críticas de la Intervención General a la gestión del FROB, según Infolibre.es, se centran en su política de contratación y retribuciones al personal. Coincidiendo con el rescate financiero, este organismo aumentó la plantilla, de 11 a 51 empleados, y sus gastos de personal pasaron de 237.000 euros en 2009 a 1,22 millones tres años más tarde, y a 3,78 millones en 2013. Este año esta cifra aumenta hasta los 4,95 millones de euros, aunque la plantilla se redujo en 2015 a 38 personas.
Según el mencionado digital, en 2013 el FROB contrató a cinco altos directivos, incluido el director general, y todos ellos firmaron contratos laborales ordinarios, de carácter indefinido, sometidos por tanto al Estatuto de los Trabajadores, en lugar de contratos de alta dirección como exige la ley. Y es que, el fondo decidió hacer oídos sordos y no llevó a cabo ninguna de las correcciones que las nuevas normas legales le exigían. Incluso, según el informe de la IGAE, tardó dos años en adaptar los contratos y retribuciones de sus directivos a la ley.
“Los contratos de directivos siguen hasta la fecha actual [mayo de 2014] sin regularizarse y adaptarse al Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo [que establece el régimen retributivo de los directivos del sector público empresarial], así como al acuerdo de la comisión rectora [del FROB] de 26 de diciembre de 2012”, concluyen los interventores, informa Infolibre.es. Ese acuerdo fijaba unas retribuciones para los directivos que sí cumplían el real decreto antes citado de 105.000 euros de retribución básica, más un 60% de esa cifra como complemento de puesto para el director general, y 80.000 euros con el mismo complemento de puesto, además de una retribución variable según desempeño y cumplimiento de objetivos de hasta 21.600 euros para los otros cuatro directivos.
A esto hay que sumar otras irregularidades retributivas cometidas por el FROB, como que su director jurídico, que cobraba 123.000 euros al año, percibía al mismo tiempo indemnizaciones por asistir a reuniones de sus órganos de gobierno, una doble remuneración prohibida por la ley.
Asimismo, pagaba gastos de asistencia a reuniones en Madrid a Orlando Sánchez García, representante del FROB en Catalunya Banc, y a Joaquín Saurina Maspoch, su representante en Novacaixagalicia, pese a que no estaba estipulado en sus contratos.
Ayudas alimentarias de 300 euros al mes a los ejecutivos, de las cuales casi dos tercios no tributan al IRPF, es otras de las críticas de la IGAE a este organismo.
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