La Xunta, acusada de homicidio por retrasar fármacos de la hepatitis C

La Fiscalía atribuye a dos altos cargos de Feijóo un delito de homicidio imprudente por retrasar los fármacos de la hepatitis C con “razones presupuestarias”. La Fiscalía acusa a dos altos cargos de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia un delito de homicidio imprudente por retrasar los fármacos de la hepatitis C con “razones presupuestarias” lo que habría provocado la muerte de seis pacientes, según informa hoy eldiario.es que recalca que “se trata de la primera causa penal que se abre en España contra una administración pública por dilaciones en la prescripción de medicinas a pacientes con esta enfermedad”.

En su denuncia –presentada el pasado enero ante el juzgado de Instrucción número 3 de Santiago que desde entonces investiga el caso– el ministerio público achaca además al director de Asistencia Sanitaria de la Xunta, Félix Rubial Bernárdez, y a la subdirectora general de Farmacia, Carolina González-Criado Mateo, otro delito de prevaricación, señala el diario que dirige Ignacio Escolar, quien explica que “ambos cargos han sido citados a declarar el próximo 28 de abril en los juzgados de Santiago”.

El diario señala que “la denuncia de la fiscalía defiende que estos dos mandos designados a dedo por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo incumplieron los criterios que la propia Administración autonómica había establecido para sufragar estos caros tratamientos a los enfermos más graves mientras se negociaba un acuerdo global con las empresas farmacéuticas para universalizar su uso en la sanidad pública”. Haciendo notar el fiscal que las demoras, llegaron “al punto de poner en grave riesgo la vida de los pacientes con resultado de muerte en alguno de los supuestos”.

La denuncia de la Fiscalía, según señala Eldiario.es bucea en las historias clínicas de seis enfermos de hepatitis C que murieron en Galicia entre 2014 y 2015 y a los que la Xunta negó o retrasó los tratamientos, pese a que sus médicos lo solicitaron repetidamente advirtiendo de la urgencia y pese a que todos cumplían los requisitos del protocolo que el propio Gobierno gallego había establecido para dispensar esta medicación.

Explicado el citado digital que en el escrito de 11 páginas que motivó la apertura del proceso judicial, el ministerio público concluye no solo que dos altos cargos del Servicio Galego de de Saúde (Sergas) retrasaron “las peticiones y suministro de Sofosbuvir [el nombre técnico del Sovaldi] posponiendo la toma de decisiones”», sino que “las razones» para hacerlo fueron “de tipo presupuestario del Servicio Galego de Saúde y no de contenido médico o clínico”.

El diario recalca que con ese argumento, y tras recabar los historiales clínicos, los distintos cambios en la normativa interna de la Xunta entre 2012 y 2014 para dispensar los tratamientos especiales contra la hepatitis C y sobre todo los testimonios de los médicos que tenían contacto directo con los pacientes, la Fiscalía pide imputar a los dos altos cargos de la sanidad gallega por un delito de “homicidio por imprudencia grave profesional”.

Por lo que imputa a estos dos altos cargos de la Xunta “como responsables, dentro del Servicio Galego de Saúde, de autorizar estos medicamentos en condiciones diferentes a las establecidas conforme a las instrucciones establecidas en los programas aprobados, tramitaron con retraso injustificado, dilatando la toma de decisiones, y la puesta en marcha de los mecanismos de contratación y compra de dicha medicación eludiendo dar una respuesta a las peticiones formuladas por los facultativos en relación a pacientes que se encontraban en estado grave y sin otra alternativa terapéutica, infringiendo los compromisos establecidos en las instrucciones por ellos elaborados, hasta el punto de poner en grave riesgo la vida de los pacientes con resultado de muerte en alguno de los supuestos».

Precisa este medio “que caso está en fase de instrucción y la Fiscalía ha solicitado que varios médicos que trataron a los pacientes declaren como peritos. A los dos cargos públicos denunciados los cita en calidad de investigados, la nueva figura legal que sustituye al imputado”. Y también informa que el fiscal en el escrito que abrió la causa que instruye desde el pasado enero el juzgado nº3 de Santiago ofrece a las familias de seis de los pacientes fallecidos citados en la denuncia sumarse a la causa penal.

Haciendo notar, igualmente que “en los historiales clínicos que recopila la denuncia se incluyen las peticiones efectuadas por sus médicos y queda registrada también la lentitud con la que la administración sanitaria gallega tramitó las solicitudes de los fármacos, pese a las repetidas advertencias de los facultativos alertando de su gravedad. Tres murieron, según la Fiscalía, sin acceder al tratamiento, y a otros tres, las medicinas les llegaron cuando el deterioro de los pacientes era ya irreparable. En algún caso pese al avance de la enfermedad tardaron seis meses en estar disponibles”.

Por si esto fuera poco, y siempre según eldiario.es, “el ministerio público sostiene que hay informes médicos en los que se han modificado las fechas de solicitud de los fármacos para simular tiempos de espera menores. Y aporta correos electrónicos de médicos que contradicen la cronología de los expedientes oficiales remitidos al fiscal”.
Finalmente, eldiario.es aclara que a querella contra la Consellería de Sanidade presentada no nació en la Fiscalía: parte de una denuncia previa que un colectivo de profesionales sanitarios del sistema público gallego denominado Batas Blancas hizo llegar al ministerio público y que detallaba graves irregularidades en la red de hospitales de la Xunta durante 2014 y 2015 relacionados con los tratamientos de la hepatitis C.

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