Pierre Dimitri ha asegurado, en un acto empresarial inaugurado por Mariano Rajoy, que en nuestro país se protege más a la industria del taxi que a los consumidores. La ‘guerra’ entre los taxistas y la aplicación Uber vivía hoy en Madrid una de sus jornadas más intensas. Mientras el gremio del taxi se manifestaba esta mañana en la capital contra la llegada del servicio, casi a la misma hora el representante de Uber en Europa, Pierre Dimitri, participaba en el ‘FT Spain Summit 2014’, organizado por Financial Times e inaugurado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Desde esta plataforma, Dimitri les ha dado un tirón de orejas a las autoridades españolas, a las que ha exigido “cambiar de mentalidad” para ser conscientes de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en favor de la sociedad, la economía y el empleo.
En este sentido, el directivo de Uber ha insistido en que ver la economía colaborativa como una nueva forma de consumo a largo palazo, especialmente en el sector de transporte, que considera insostenible. “Hay mil millones de coches en el mundo que se usan una vez al día. Si queremos ser sostenible hay que desarrollar una economía de compartir, falta una visión de largo plazo», ha apuntado.
La regulación en España es “restrictiva” y piensa más en proteger a la industria del taxi que a los consumidores, ha apuntado Dimitri en un acto que clausurará el ministro de Economia, Luis de Guindos, y que ha contado con la participación de representantes de destacadas compañías e instituciones. Entre ellos, el presidente de Repsol, Antonio Brufau; el consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés; o el presidente de Bolsa y Mercados Españoles (BME), Antonio Zoido.
En un marco completamente distinto, los taxistas, continuaban su lucha contra una plataforma que, según sostienen, desarrolla una “actividad ilegal que fomenta la economía sumergida y la competencia desleal». Esta mañana, convocados por Federación Profesional del Taxi de Madrid, marchaban desde Atocha hasta la plaza de Cibeles para pedir que los conductores de Uber fueran denunciados ante Hacienda, la Seguridad Social y la DGT.
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