«Hay que cruzar datos de Hacienda y Seguridad Social para acabar con los falsos autónomos»

La Subcomisión del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) avanza con el cambio de Gobierno: la ministra de Empleo, Magdalena Valerio, quiere un sistema de cotizaciones más progresivo y acabar con el fraude que suponen los falsos autónomos, para lo que propone más inspecciones.

Pero una de las dos grandes asociaciones de autónomos no confía en esa medida y pide que Hacienda y la Seguridad Social crucen datos para dar con las empresas que cometen fraude al mantener como autónomos a trabajadores que deberían tener un contrato.

“Hay que determinar qué empresas reciben facturas en condición de dependencia de trabajadores autónomos”, explica Eduardo Abad, presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). Se refiere al marco Trade, trabajadores económicamente dependientes de una compañía al facturar a ese único cliente más del 75% de sus ingresos, y al que la ley asegura derechos como fijación de horas de trabajo, vacaciones, estipulación por escrito de servicios y cláusulas en caso de ruptura de contratación.

“Por la declaración de la renta Hacienda debe saber qué personas físicas emiten facturas en condición de dependencia a una única empresa y la Seguridad Social debería contrastar que efectivamente hay un contrato registrado de ese autónomo dependiente”, explica Abad.

La plataforma propone dar competencias a inspectores para verificar que esos contratos realmente corresponden a relaciones laborales autónomas que recoge la ley o si, por el contrario, deberían ser contratos por cuenta ajena.

“Las empresas deben estar obligadas de inscribir todos los contratos de sus trabajadores económicamente dependientes”, añade, porque UPTA calcula que de 350.000 autónomos que se consideran dependientes de una sola empresa, solo hay registrados oficialmente 10.000 en toda España.

Es decir, más del 97% de estos trabajadores no tienen reconocidos sus derechos laborales de relación estable con la empresa que recoge la ley. UPTA pide para estas empresas las mismas sanciones que cuando se incumplen los pagos con la Seguridad Social en contratos ordinarios.

“Con ese cruce podríamos saber cuántos hay y diferenciar el régimen real de cada uno”, subraya, pues a día de hoy no hay certeza sobre el número de los llamados ‘falsos autónomos’.

Abad critica que actualmente “se persiga más a las empresas que tienen registrados estos contratos” como trade cuando se “debería inspeccionar a las que no cumplen con la legalidad” y que están “enriqueciéndose al evitar gastos que deberían afrontar por contratar”. Denuncia que son mayoritariamente «las grandes empresas» quienes incurren en estos fraudes de contratación para enriquecerse ilegalmente.

“Justicia contributiva”

La propuesta de aumentar la cotización a los autónomos que ingresen más de 40.000 euros netos al año ya ha producido escisiones entre plataformas del sector: es rechazada por la Asociación de Trabajadores Autónomos de Madrid (ATA): “¿Alguien cree justo que los autónomos que ganen 40.000 euros al año coticen 560euros al mes y los que ganen 39.800 coticen 280 euros al mes?”, ha criticado desde su perfil de Twitter esta mañana Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Desde UPTA defienden que esta propuesta ha sido avalada en la subcomisión de la RETA por la mayoría de grupos políticos además de estar en sintonía con las intenciones del actual Gobierno, por lo que es “de gran consenso”.

Esperan que un sistema de cotizaciones más progresivo recupere para las arcas públicas 2.000 millones de euros al año más, entre “los que deben pagar más” y aquellos autónomos que ingresan menos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), a los que esta reforma invita a entrar al sistema al rebajar la cuota mínima desde los 280 euros a una tarifa de 50 euros por dos años.

UPTA estima que hasta el 70% de todos los autónomos ingresa menos de 40.000 euros netos anuales y que es “de justicia contributiva” que los que ingresan por encima de ese nivel aporten más al sistema, con un déficit de 6.500 millones al año en la actualidad.

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