Hasta 9.000 euros de ‘finiquito’ para los 212 diputados que dejan el acta por el adelanto electoral

Se trata, en concreto, de los 212 parlamentarios que no forman parte de la Diputación Permanente, el único órgano de la Cámara que seguirá existiendo hasta la constitución del nuevo Congreso que surja de las elecciones del 23 de julio y que está formado por 137 personas entre titulares y suplentes.

Este ‘finiquito’, que los potenciales beneficiarios han de solicitar expresamente, es incompatible con cualquier otro ingreso, se abona en un solo pago y tributa a Hacienda, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Corresponde a la retribución que cobrarían sus señorías de seguir en activo durante los 52 días que median entre la disolución y el día de reflexión, es decir, incluye la denominada retribución constitucional (3.126,89 euros), la indemnización para cubrir gastos de su actividad parlamentaria (958,75 euros para los de Madrid y 2.008,61 para el resto), y también los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso. Por tanto, ese pago único podría oscilar entre los 6.800 de los diputados de base de Madrid hasta los 9.000 euros de parlamentarios de otras circunscripciones con algún cargo en la Cámara.

Una vez se publique este martes el decreto de disolución del Congreso sólo mantendrán la condición de diputados los 137 que integran la Diputación Permanente, ya sea como miembros titulares o como suplentes. El Congreso tiene 350 escaños pero Unidas Podemos nunca ocupó el que dejó vacante su exdiputado Alberto Rodríguez tras ser condenado por el Tribunal Supremo.

Los miembros de la Diputación Permanente continuarán siendo diputados hasta que se constituye el nuevo Congreso, lo que tendrá que suceder en los 25 días posteriores a la votación. Es decir, como muy tarde el 17 de agosto, aunque la fecha exacta se conocerá cuando se haga público el decreto de disolución.

Celebradas las elecciones, los diputados que no repitan escaño y que no perciban ningún otro sueldo público podrán pedir una indemnización por cese, siempre que hayan estado en el Parlamento un mínimo de dos años.

Ese ‘paro’ será el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional, fijada actualmente en 3.126,89 euros, por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación no se abonará de golpe, sino mes a mes para dar tiempo a ajustes y poder cesar el abono si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.

Acceda a la versión completa del contenido