Banco Popular
La Audiencia Nacional ha recibido un total de 259 recursos contencioso-administrativo contra la resolución del Banco Popular, llevada a cabo en junio del año pasado, según reconoce el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en su ‘Memoria de Actividades de 2017’. Asimismo se han presentado otros 114 recursos ante el fondo de rescate español.
“A fecha de redacción de la presente Memoria se tiene conocimiento de que se están ventilando en la Audiencia Nacional un total de 259 recursos contencioso-administrativos”, seña la institución.
Respecto a estos recursos, el FROB destaca que “la Audiencia está dictando los respectivos autos acordando suspender su tramitación hasta que recaiga resolución definitiva en los recursos de anulación formulados contra la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR)”-fue en el seno de la institución europea en donde se decidió adoptar el dispositivo de resolución- y “que penden en el Tribunal General de la Unión Europea”.
A los recursos presentados ante la Audiencia Nacional hay que sumar además que se han presentado también 114 recursos potestativos de reposición ante el propio FROB, “de los cuales ninguno ha prosperado siendo todos ellos objeto de inadmisión o desestimación por parte de la Comisión Rectora del FROB”.
El FROB destaca sin embargo en su Memoria que la JUR “cumplió íntegramente” con su mandato institucional, “asegurando la continuidad operativa de la institución y evitando el uso de recursos públicos”. El fondo de rescate, por su parte, “ejecutó la decisión tomada por la JUR de acuerdo con la normativa nacional y las instrucciones impartidas por ésta, en un contexto de máxima complejidad dada la extrema urgencia”.
“Desde FROB siempre hemos reconocido la enorme severidad de las facultades que la norma atribuye a las autoridades de resolución y hemos sido conscientes de que nuestra intervención se desenvuelve en contextos críticos y supone la aplicación de medidas muy rigurosas que generan perjuicios, que son especialmente sensibles cuando hay muchos minoristas afectados por la quiebra de un banco”, reconoce la institución.
Sin embargo, al mismo tiempo, “asumimos la responsabilidad institucional de servir, por mandato legal, a un bien público superior como es la protección de la estabilidad financiera, de los depositantes y, en última instancia, de todos los ciudadanos, evitando el uso de recursos públicos”.
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