Hacienda ya trabaja en los PGE que primarán las ayudas por la subida de los precios de la energía

“El objetivo de los Presupuestos de 2023 es consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo que se inició en 2021 y continúa en 2022, pero teniendo en cuenta el contexto internacional actual marcado por el impacto que la invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando en la economía con el encarecimiento de los precios de la energía y de otros productos”. Así lo destaca el departamento de María Jesús Montero, que ha puesto en marcha la maquinaria para la elaboración de las cuentas.

Tras destacar que España “registra el nivel de empleo más alto desde 2008” y hay un “aumento muy significativo de los contratos indefinidos”, Hacienda recuerda que se han adoptado medidas como la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible o “la mayor rebaja de impuestos de la historia a la electricidad”.

La citada Orden de elaboración de los Presupuestos también tiene en cuenta la decisión de la Comisión Europea de extender a 2023 la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que supone en la práctica implica que las reglas fiscales seguirán suspendidas durante el próximo ejercicio.

Criterios prioritarios de asignación de recursos

Entre los criterios de asignación de recursos en las cuentas públicas están las medidas “para proteger a los consumidores y a los sectores más afectados por el alza de precios provocado por la guerra”. En concreto, apuntan desde Hacienda, “apoyar, con medidas específicas y temporales, a los sectores más afectados y a los colectivos más vulnerables por la escalada de los precios energéticos, contribuyendo a reforzar la seguridad e interconexión energéticas y de suministro, la estabilidad de precios y reforzando las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo de calidad”.

Junto a esto, primará “fomentar la transición verde, justa, ecológica y digital mediante el apoyo a inversiones de gran escala que contribuyan a cumplir con los objetivos establecidos en materia de cambio climático y a la transición energética”.

También, entre otras medidas, “reducir la dependencia general de los combustibles fósiles; apoyar la inversión complementaria en el almacenamiento, la infraestructura de red, la electrificación de los edificios y el transporte, y el hidrógeno renovable; ampliar la capacidad de interconexión energética; y aumentar la disponibilidad de viviendas sociales y asequibles energéticamente eficientes”.

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