El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha insistido en la necesidad de “esclarecer de manera nítida” el gasto que supuso el referéndum celebrado por la Generalitat de Cataluña el pasado 1 de octubre por el “daño” causado al erario público.
“Lo que queremos es que el Tribunal de Cuentas investigue y clarifique el daño que se produjo al erario público y requiera al Gobierno de la Generalitat el procedimiento contable y que depure las responsabilidades oportunas que estime convenientes”, ha señalado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.
En un escrito dirigido a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Hacienda ha denunciado la utilización de dinero público en el referéndum y reclama que determine cuánto dinero público emplearon tanto a través del Ejecutivo catalán como de las asociaciones ANC y Òmnium para su celebración. Asimismo, pide que realice las acciones oportunas para determinar quiénes son los responsables y determine el importe de las indemnizaciones que proceda.
Según ha argumentado Fernández de Moya, es necesario aclarar “las actuaciones contractuales y administrativas dirigidas a la adquisición y a la integración en el ámbito del patrimonio público de los medios materiales necesarios para la realización y celebración de los hechos del 1 de octubre” que “obedecían a un proceso ilegal e inconstitucional”. A su juicio, deben depurarse “las responsabilidades oportunas” desde el punto de vista contable.
El secretario de Estado de Hacienda sostiene que está “a la vista” de los españoles que, por ejemplo, ese día se utilizó el transporte público para el traslado de las urnas a los centros educativas donde se ubicaron. “Es evidente que ahí hubo una utilización de medios públicos. Nadie lo puede discutir”, ha recalcado.
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