La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso.
Una medida que ha generado observaciones críticas por parte del Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Ione Belarra, al cuestionar la extensión de los conciertos con entidades aseguradoras y el aumento de las primas que reciben, e incidir en que el acuerdo de coalición pauta la evolución de un sistema de atención plenamente público
La previsión es que el Consejo de Ministros apruebe en la sesión de este martes la autorización para el nuevo convenio del Muface, una vez que ya ha pasado por la Comisión General de secretarios de Estado y subsecretarios, según han destallado a Europa Press fuentes gubernamentales
La propuesta que someterá el Ministerio de Hacienda contempla esa cuantía para que el Muface, la Mutualidad General Judicial (Mugeju) y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) celebren conciertos con aseguradoras para dar cobertura sanitaria en centros privados a los funcionarios.
Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales que lidera Ione Belarra ha trasladado al departamento de Hacienda unas observaciones críticas, tanto a la extensión en el tiempo de este modelo mutualista como al aumento del importe para los conciertos. La partida de 3.521 millones supone un incremento en las primas que recibirán las aseguradoras entre el 8 y el 10%
Específicamente, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, se estipula un aumento del 8% para el año que viene, que se elevará al 8,75% para 2023 y un 10% en el tercer año (2024) con relación a la prima del ejercicio 2020-2021. Incrementos que son justificados por el aumento del número de mutualistas, al envejecimiento del colectivo y la inclusión de nuevas prestaciones comunes al Sistema Nacional de Salud (SNS).
Sin embargo, el Ministerio que dirige Unidas Podemos entiende que dicha explicación «no es acorde tanto con los datos disponibles como con el compromiso del acuerdo de gobierno, que señala explícitamente el blindaje del sistema público de salud y la apuesta por una sanidad en base a la gestión pública directa».
También desgrana que la prestación sanitaria objeto de los conciertos incorpora servicios no incluidos en la cartera común de servicios del SNS, como 20 sesiones de psicoterapia anuales, seis consultas podológicas anuales, prestaciones en salud bucodental y que «se contará con habitación individual con baño o ducha y cama de acompañante» en los ingresos hospitalarios.
«Desde este departamento se comparte la importancia de muchas de esas acciones, pero se enfatiza la necesidad de que estas sean incorporadas en el Sistema Nacional de Salud, velando por su extensión universal a toda la ciudadanía», esgrime Derechos Sociales.
Finalmente, este departamento ministerial señala la necesidad de cumplir el acuerdo de gobierno y, de esta forma, defiende la necesidad de adoptar un «cambio progresivo con este objetivo, el cual debería realizarse mediante la inclusión de las nuevas incorporaciones de la administración pública directamente al Sistema Nacional de Salud».
«Esto permitiría ir realizando una evolución progresiva, comenzando dicha modificación en las nuevas incorporaciones. Desde este departamento se manifiesta la necesidad de llevar a cabo acciones en ese sentido, con el objetivo de seguir avanzando en la gestión directa de la sanidad y el refuerzo del sistema público de salud.
Recientemente, el grupo parlamentario de Unidas Podemos registro una proposición no de ley en el Congreso que demanda la progresiva eliminación de este sistema de mutualidades para los funcionarios e integrar esta atención en el SNS, mediante el fortalecimiento del servicio público sanitario.
Por su parte, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) señaló recientemente que el modelo sanitario para la atención del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado es insostenible debido a que la remuneración de los servicios sanitarios a la sanidad privada es deficitaria desde hace años.
También desgranó que el sector pedía una actualización acorde al incremento de costes de la provisión sanitaria, demanda viene dándose en los últimos años por parte del sector sanitario a las entidades gestoras. Finalmente, reivindicó que el mutualismo administrativo ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año.
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