Guilarte envía a las Cortes una propuesta para superar el bloqueo en la renovación del CGPJ

Así lo hace en su ‘Propuesta para la modificación del sistema de nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo y de elección de vocales del CGPJ’, un documento de 17 páginas al que ha tenido acceso Europa Press este martes.

Guilarte remarca que su propuesta es “a título personal y no representa la opinión del órgano de gobierno de los jueces”, sino que tiene por objeto contribuir a desbloquear la renovación, pendiente desde 2018.  Para ello ofrece una “fórmula intermedia” que, por un lado, permita superar la división entre el modelo parlamentario o corporativo de elección de los vocales de la institución y, por otro, “diluir de una vez por todas la injerencia de otros poderes sobre su actuar, necesariamente independiente”.

En su propuesta, señala que la actual situación política y social “se califica, con razón, de polarizada” y da lugar a que el sistema previsto de negociación entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, “de llegar a culminar, determinaría una composición del CGPJ fiel reflejo de las mayorías parlamentarias que irradiaría de futuro, con gravísimas consecuencias para la independencia judicial, la politización de todos los cargos judiciales nombrados”.

“Es por otro lado evidente que, constituido el CGPJ bajo tales condicionantes, sería difícil que los vocales designados pudieran apartarse en su actuación de la línea política que los designó. También lo es que, si bien en épocas y Consejos anteriores el sistema funcionó sin excesivas distorsiones, las circunstancias actuales, entre ellas una fortísima presión mediática igualmente polarizada, llevan a concluir la inviabilidad de que siga siendo así”, critica.

Para Guilarte, que no se decanta por una u otra fórmula, cualquiera de las elegidas “debiera determinar, respecto de la elección de los vocales judiciales, una representación proporcionalmente similar entre los vocales propiciados por las asociaciones judiciales y los que provengan de jueces sin asociar”. Todo ello, con el objetivo de “mitigar las nocivas consecuencias actuales”.

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