El próximo día 17 de octubre AUGC realizará una concentración en Madrid frente a la sede del Defensor del Pueblo en “repulsa” por el ingreso en una prisión militar de un guardia civil afiliado a dicha asociación, por una condena en aplicación del Código Penal Militar, una acto durante el cual dicha asociación profesional entregará una queja ante la institución .
“Cuando se celebre esta concentración, Luis Miguel llevará tres días encerrado en el penal militar de Alcalá de Henares para cumplir las condenas de tres meses y un día y cuatro meses de prisión por unos hechos ocurridos hace nada menos que ocho años, y que nada tuvieron que ver con su trabajo” explican desde la AUGC.
La asociación informa que el motivo de la condena “es una discusión que tuvo lugar entre compañeros, ambos fuera de servicio y en fiestas, y cuyas responsabilidades ya se dirimieron en su momento del ámbito disciplinario del Cuerpo, con la consecuencia de la pérdida de destino del trabajador”.
Informan que ante “esta situación absolutamente abusiva y desproporcionada, desde los servicios jurídicos de AUGC se solicitó el pasado año el indulto al Ministerio de Defensa, suspendiéndose la ejecución de la sentencia hasta que se resolviera dicha petición o transcurriera un año” pero apuntan que “desde Defensa jamás han contestado a esta solicitud, por lo que el proceso se reactivó hasta que recientemente se le comunicó a este trabajador su inminente ingreso en prisión”.
Desde la AUGC recuerdan que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el Ejecutivo aprobó un decreto por el que la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles se restringía a situaciones muy delimitadas, como misiones militares o estado de guerra, y que no se aplicaría e por lo tanto en cuestiones relativas a las funciones policiales y, mucho menos, a la vida personal de los agentes fuera de servicio. Pero “sin embargo, con el Gobierno del PP se volvió a la situación anterior, en la que cualquier agente puede acabar con sus huesos en un penal a causa de una simple discusión laboral”. Y se quejan de que “sorprendentemente, y en contra de lo decretado por su propio partido unos años antes, el regreso del PSOE al Gobierno no supuso el regreso a la excepcionalidad en la aplicación del Código Penal Militar, una postura que ahora se confirma con la entrada en un penal militar de un nuevo trabajador de la Guardia Civil”.
Un hecho que desde esta asociación consideran una “injusticia que vuelve a demostrar que los guardias civiles son hoy todavía un colectivo de ciudadanos de segunda privados de derechos básicos”.
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