Francisco Granados, Esperanza Aguirre, José María Aznar, Cristina Cifuentes y Manuel Cobo
La Púnica puso el ojo en la escuela concertada. El juez de la Audiencia Nacional que está llevando el caso, Manuel García Castellón, ha concluido que la trama estafó supuestamente 15 millones de euros a profesores que formaban cooperativas para impulsar la construcción de siete centros concertados.
Según ha avanzado la Cadena SER, el sumario ha señalado a Francisco Granados como el impulsor de esta parte de la trama corrupta entre 2002 y 2014. En este sentido, el exconsejero madrileño utilizaba su influencia para que los ayuntamientos cedieran suelo a bajo precio para edificar los colegios concertados.
De esta manera, la Púnica contactó con la empresa gestora de cooperativas de profesores Alfedel para construir los centros. Y después de ceder suelo a bajo precio, ambas partes inflaban los costes de edificación y pagaban supuestas comisiones a políticos. Todo a través de empresas instrumentales de David Marjaliza.
La estafa llegaba al ver que todos estos gastos extras eran soportados por los profesores cooperativistas. Obviamente sin ellos saberlos. Incluso, según el relato judicial, tuvieron que pedir préstamos personales para afrontar estos pagos. Las comisiones a los políticos subieron hasta los 2,2 millones de euros.
Los pagos detectados indican que Granados cobró 660.000 euros por ejercer su influencia en Valdemoro y Majadahonda; el alcalde de Aranjuez percibió 400.000 euros; el alcalde de Torrejón de Velasco 200.000; el socio de Marjaliza, José Antonio Alonso Conesa, recogió 939.000 euros; y aún quedan determinar las mordidas percibidas por el exalcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno; el alcalde de Sevilla La Nueva, Mario Utrilla; o representantes municipales de los municipios de Cartagena (Murcia), Valdeluz y Yebes (Guadalajara).
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