El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, a su llegada al Supremo. (Foto: Carlos Luján - Europa Press)
El caso supone un nuevo paso en la investigación abierta a raíz de una denuncia de la Fiscalía, sustentada en informes de la Agencia Tributaria que detectaron facturas falsas y gastos ficticios presentados con el objetivo de reducir la carga impositiva. El Ministerio Público solicita tres años y nueve meses de cárcel, mientras que la acusación popular ejercida por PSOE y Más Madrid eleva la petición hasta cinco años.
La magistrada rechaza así el intento de la defensa de González Amador de retrasar la apertura del juicio a la espera de la resolución de los recursos interpuestos. La Fiscalía considera que el acusado cometió dos delitos fiscales en concurso con falsedad documental, mientras que las acusaciones populares añaden un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal.
El acusado afronta cargos por los impuestos de sociedades de 2020 y 2021. Según los informes de Hacienda, utilizó sociedades instrumentales para introducir facturas que no se correspondían con servicios reales.
El caso se enmarca en una pieza separada en la que ya se habían detectado indicios de otros ilícitos.
La Agencia Tributaria concluyó que González Amador simuló gastos para reducir la cantidad que debía abonar en concepto de Impuesto de Sociedades
El informe de la Agencia Tributaria remitido en 2022 a la Fiscalía fue clave para sustentar la denuncia. Según los técnicos, los gastos declarados se basaban en facturas de sociedades que no prestaron realmente los servicios recogidos, con lo que el fraude superaba los 120.000 euros en cada ejercicio.
Entre las entidades señaladas figura Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, desde la que se habrían articulado parte de esas operaciones.
El fraude total se cuantifica en 350.000 euros, según las actuaciones judiciales
Durante su declaración, González Amador documentó los ingresos recibidos de Quirón Prevención y negó que se ocultaran a través de sociedades pantalla. Sin embargo, se acogió a su derecho a no declarar en febrero de 2024, alegando la existencia de recursos pendientes.
Pese a ello, la Audiencia Provincial de Madrid avaló que se investigaran los delitos añadidos, lo que ha ampliado el alcance del procedimiento.
| Delito imputado | Fiscalía | Acusación popular |
|---|---|---|
| Fraude fiscal (2020 y 2021) | Sí | Sí |
| Falsedad documental | Sí | Sí |
| Delito contable | No | Sí |
| Pertenencia a grupo criminal | No | Sí |
| Pena solicitada total | 3 años y 9 meses | 5 años |
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