La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso.
Según han informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Unión General de Trabajadores (UGT), la oferta negociada no incluye Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas ni Administración de Justicia, ya que se determinan en sus respectivos ámbitos de negociación.
De las casi 30.000 plazas, unas 15.880 serán de nuevo ingreso, lo que supone un 29% más respecto a 2021. Dentro de estas se incluyen de manera específica 1.150 plazas para nuevos servicios en la Seguridad Social y prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital, que no cuentan a efectos de la tasa de reposición.
Por su parte, recoge Europa Press, habrá 9.591 plazas para promoción interna, un 1,8% más respecto a 2021, y habrá más de 4.100 plazas para los procesos de estabilización de personal interino.
Además, se prevé agilizar los procesos selectivos, reduciendo los tiempos de publicación de convocatorias, los tiempos de incorporación de los nuevos efectivos y los tiempos entre ejercicios y realizar una planificación a varios años de las necesidades de la Administración con el fin garantizar su viabilidad a medio plazo y reducir el déficit de personal.
Por último, el acuerdo alcanzado incluye la revisión, en los próximos tres meses, de los procesos de promoción interna para simplificar y reducir los temarios de los sistemas de ascenso con el fin de lograr una cobertura más amplia de las plazas convocadas y garantizar la carrera profesional del personal al servicio de la Administración del Estado.
Para ello, y según informa CSIF, se simplificará la fase de oposición reduciendo temarios y ejercicios y se reservará la nota de la fase de oposición para próximas convocatorias si no se supera el proceso.
En cuanto a la fase de concurso, se reforzará el curso selectivo como fase formativa y de evaluación de contenidos prácticos, directamente relacionado con las plazas.
Para CSIF, el acuerdo pone las bases para afrontar los graves problemas de personal de esta Administración, en ámbitos como la Seguridad Social o el Servicio Estatal de Empleo (SEPE), cuyo funcionamiento se encuentra tensionado como consecuencia del volumen de prestaciones que deben atender y la merma en sus plantillas.
No obstante, el sindicato ha insistido en que los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo superior al 15% y ha urgido a negociar ya la subida salarial. “El Gobierno debe estar a la altura del esfuerzo realizado por nuestros empleados públicos durante la pandemia para mantener el funcionamiento de los engranajes del Estado y la atención a las prestaciones a la ciudadanía, por lo que CSIF se manifestará en toda España, el próximo miércoles 25”, ha avanzado.
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