Un agricultor montado en su tractor
En concreto, el objetivo de estas subvenciones, que se han publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es facilitar el acceso a la financiación para los sectores agroalimentarios y pesqueros afectados en los últimos años por situaciones de diversa índole, bien sean fenómenos climáticos adversos como Filomena, o situaciones desfavorables de mercado, derivadas principalmente de la pandemia del coronavirus.
La convocatoria tiene un presupuesto de 3,2 millones de euros, financiados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el importe máximo de crédito avalado se estima en torno a 65 millones de euros. Las ayudas se conceden en régimen de concesión directa por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
Agricultura subvencionará el coste del aval por un importe máximo de hasta 75.000 euros por titular de explotación, operador económico, armador o propietario, o por componente de entidad asociativa, cuyo plazo no supere los seis años, pudiéndose incluir en este tiempo un año de carencia. Asimismo, se subvencionará el coste del aval por un importe máximo de hasta 120.000 euros por pyme agroalimentaria, cuyo plazo no supere los seis años, con la posibilidad de un año de carencia.
En línea con la política de rejuvenecimiento del Ministerio y con las políticas agraria y pesquera europeas se financiará tanto el coste del aval como la comisión de estudio a los beneficiarios que no tengan más de 40 años del sector pesquero o agrícola.
También tendrán acceso a la subvención total del coste del aval y de la comisión de estudio todos aquellos agricultores que se encuentren en una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
Los interesados podrán presentar su solicitudes a partir de mañana 11 de junio, hasta el 10 de septiembre de 2021.
Con esta medida, el sector verá facilitado el acceso al crédito de una forma rápida y ágil, pudiendo afrontar cualquier eventualidad que perturbe la dinámica empresarial de los operadores del sector, bien sea climatológica o de mercado, convirtiéndose por tanto en una herramienta más de gestión del riesgo, en línea con las necesidades identificadas en el Plan Estratégico de la PAC o con la Política Pesquera Comunitaria.
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