Este lunes, la Agencia Tributaria ha hecho público el número y nombres de morosos que adeudaban más de un millón de euros a 31 de diciembre de 2020, cuando se alcanzó el total de 3.869 deudores, un 1,6% menos que un año antes, que acumulaban una mora de 14.100 millones de euros, un 1% menos.
Gestha opina que la de morosos se trata básicamente de una lista de “desahuciados” de los que buena parte “nunca pagarán sus deudas”. Y es que, tal y como hicieron tras la publicación de las anteriores ediciones, los técnicos declaran que el mero hecho de hacer pública la lista de morosos no consigue por sí solo aumentar los ingresos de la deuda pendiente de cobro.
Por otra parte, Gestha señala que será difícil mejorar la ratio de cobro de las deudas tributarias pendientes, que ascendió a 42.770 millones en 2019, y habrá aumentado en 2020 por la situación económica derivada de las medidas restrictivas para atajar la pandemia de la Covid-19.
Y para mejorar el cobro de las deudas pendientes, recoge Europa Press, Gestha piensa que se deben reponer las competencias de los técnicos en las jefaturas de las unidades de recaudación, así como aumentar la exigencia de sus responsabilidades.
Asimismo, los técnicos explican que en este listado “se confunde a los defraudadores con simples deudores”, puesto que no se señala el origen de la deuda, y que, si bien se producen unas cancelaciones por el pago de las deudas, otras simplemente se declaran fallidas. Por ello, piden al Gobierno que detalle la cuantía de la deuda cancelada por insolvencia definitiva de los deudores.
En este marco, Gestha apunta que la nueva ley contra el fraude fiscal rebajará la cifra para entrar en la lista hasta los 600.000 euros, por lo que prevé que el listado aumente de cara a próximos ejercicios.
Administradores que sean declarados responsables
En paralelo, los técnicos ven adecuado que, por primera vez, vaya a incluirse a los administradores que sean declarados responsables solidarios de la deuda contraída por las empresas.
Esto servirá, según los Técnicos, para que aquellos responsables con cierta relevancia y capacidad de pago reduzcan sus deudas pendientes de cobro, lo que les dejaría fuera de esta lista e incrementaría los ingresos cobrados por Hacienda.
“Conviene recordar que, en España, la ‘factura’ del fraude y la evasión fiscal para cada contribuyente asciende hasta los 2.000 euros al año, que los ciudadanos se ven obligados a pagar para mantener los gastos públicos tapando el agujero que cometen los defraudadores”, ha denunciado el presidente de Gestha, Carlos Cruzado.