Garzón espera evitar nuevos casos Dentix llevando la sanidad pública a la salud bucodental

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha señalado que la ampliación de los servicios de salud bucodental en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que se recoge en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 con una partida de 49 millones de euros, ayudará a evitar que se produzcan situaciones de cierre como las de las clínicas dentales iDental y Dentix, entre otras.

«Lo que está sucediendo es un reflejo bastante representativo cuando un segmento de la sanidad está privatizado y se rige por criterios distintos a los que imperan en lo público. Mucha gente ahora se tiene que endeudar para un servicio público. Y muchas personas están ahora mismo en una situación muy grave. Esto tiene que llamar a una reflexión para que no vuelva a suceder, naturalmente está dentro de las líneas políticas de este Gobierno», ha señalado Garzón en respuesta a una pregunta en el Pleno del Senado de este martes realizada por Jordi Martí Deulofeu, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu.

El ministro ha apuntado que una de las soluciones a este tipo de cierres pasa por aplicar el acuerdo del Gobierno de coalición, que estable la «incorporación progresiva» de los servicios de salud bucodental al sistema sanitario público. «Eso creo que es lo que resuelve el problema de raíz», ha defendido.

De la misma forma, Garzón ha resaltado que este problema también es «una desigualdad de clase». «La clase social también se ve por la dentadura de una persona. Cuando un servicio público está regido por criterios públicos se evitan los problemas y se refuerza la importancia de la sanidad pública, como hemos visto durante la pandemia, que es fundamental», ha esgrimido.

Entre otras actuaciones, Garzón ha detallado que el Ministerio de Consumo está «en contacto» con las comunidades autónomas para atender los requerimentos de los afectados por el cierre de estas clínicas dentales, se está informado a los afectados sobre sus derechos y se ha enviado «toda la información pertinente» al juzgado, donde se está investigando. «Estamos en contacto con las entidades financieras, especialmente aquellas con mayor carga de trabajo, ya que hay muchos caso de familias que están endeudadas por servicios que no se han podido llevar a cabo», ha agregado.

Por otra parte, el ministro ha recordado algunos de los puntos clave del plan en el que está trabajando el Ministerio de Consumo contra la obesidad infantil, «un problema que es el doble de grave entre las familias de menos recursos». «Estamos ante un complejo y grave problema social porque es un factor de riesgo para ser obeso en la edad adulta, que, a su vez, empeora el pronóstico de muchas enfermedades», ha añadido.

En este sentido, ha indicado que se ha iniciado un «pack completo» que incluye el etiquetado frontal ‘NutriScore’, que «será aprobado en los próximos meses», una modificación del Código PAOS, que «no está funcionando» para regular mejor la publicidad infantil, y campañas de sensibilización e información. Junto a esto, se van a promulgar incentivos fiscales a los productos saludables y desincentivos a aquellos que no lo son, como el impuesto al azúcar que se recoge en los PGE 2021.

«Se trata de cambiar un poco la mentalidad. Se han hecho avances pero nos hemos estancado en los últimos años. Se requiere la colaboración de todas las administraciones y todos los partidos políticos, porque este es un problema que tiene que ver con los más vulnerables», ha concluido.

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