El primer ministro de Francia, François Bayrou - Vincent Isore / Zuma Press / ContactoPhoto
Francia se prepara para una dura disciplina presupuestaria. El primer ministro François Bayrou ha desvelado este martes una batería de medidas de ajuste sin precedentes con las que el Ejecutivo pretende ahorrar 43.800 millones de euros a partir de 2026.
Entre ellas destaca la congelación de pensiones, salarios públicos y ayudas sociales, además de la eliminación de dos festivos nacionales. La única cartera que se librará de los recortes será la de Defensa, que incluso verá aumentada su financiación en plena tensión internacional.
Bayrou ha defendido como necesaria la instauración de un «año en blanco» en 2026, que implicará mantener congeladas las escalas impositivas, las pensiones y las prestaciones sociales en los niveles de 2025. El objetivo es frenar la inflación del gasto público sin recurrir a subidas fiscales, en un contexto en el que la deuda pública supera ya los 3,3 billones de euros.
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El plan también prevé una importante reducción de la plantilla pública: se calcula que hasta 3.000 empleos podrían desaparecer, y solo dos de cada tres jubilaciones se cubrirán en el futuro.
En un movimiento que ha generado ya polémica social y sindical, el primer ministro ha anunciado la supresión de dos días festivos, concretamente el 8 de mayo y el lunes de Pascua. Bayrou sostiene que esta medida aumentará la productividad sin afectar directamente al bolsillo de los ciudadanos.
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En contraste con los recortes generalizados, el Ministerio de Defensa se verá reforzado con una inyección de 3.500 millones de euros en 2026 y otros 3.000 millones en 2027. El Gobierno justifica este aumento en el contexto de inestabilidad internacional, especialmente por los conflictos en Ucrania y el Indo-Pacífico.
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Bayrou también ha planteado la introducción de una “contribución de solidaridad excepcional” para los contribuyentes más ricos, aunque todavía no ha concretado ni el umbral de ingresos ni si será una medida temporal o estructural.
Asimismo, se ha comprometido a intensificar la lucha contra los nichos fiscales que benefician a ciertos sectores y fortunas, en un esfuerzo por repartir los sacrificios de forma más equitativa.
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